La Audiencia avala la decisión de García Castellón de procesar a Villarejo por cobrar 400.000 euros mientras era policía

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez Manuel García Castellón y de la Fiscalía Anticorrupción de sentar en el banquillo de los acusados al comisario jubilado José Manuel Villarejo por el encargo que le habría realizado un abogado, que denominó "Proyecto Grass", para que investigara al empresario Joaquín Molpeceres en relación a un concurso de acreedores. Por este asunto, analizado en la pieza 29 del caso Tándem, el alto mando policial se habría embolsado más de 400.000 euros, según especifica un auto de la Sala de 17 de octubre, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

García Castellón había incluido en un auto de febrero que los hechos investigados podían ser constitutivos de los delitos de cohecho activo y pasivo, y falsedad en documento mercantil, por lo que tendrían que ser juzgados el comisario jubilado, su socio Rafael Redondo y al abogado Antonio Chávarri.

Sin embargo, el instructor, en contraposición con el Ministerio Fiscal, consideró que no había indicios suficientes para sentar en el banquillo al letrado Juan Vila-Coro, que fue quien sugirió a Chávarri que contratara a las empresas de Villarejo.

Facturas manipuladas

"Para justificar el cobro de diversas facturas giradas por Stuart & McKenzie a las sociedades Chávarri y Muñoz Abogados SL y Vara Gestión de Activos, se manipularon las facturas que se emitieron, justificativas de los pagos, con la finalidad de ocultar que los servicios se habían prestado por un funcionario público que se encontraba en activo", destacaba un auto de 6 de febrero, con el que el magistrado sentaba en el banquillo al comisario y a su cliente.

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Precisamente, Antonio Chávarri fue el destinatario de la información confidencial obtenida a través del encargo a Villarejo: "Presumiblemente recibió el tráfico de llamadas" de uno de los espiados, prosigue la resolución, que destaca que esta documentación fue encontrada durante la entrada y registro practicada en el domicilio del investigado. El instructor recuerda, además, que esta documentación sólo puede ser suministrada con el consentimiento del titular o tras una autorización judicial.

"Medios ilícitos"

"Y no contando con ninguna de ellas, era verosímil colegir que se habrian obtenido por medios ilícitos, como la intervención de un funcionario público que tuviera acceso a ellas", sostiene el juez en su auto, que resalta que en todo momento los procesados trataron de "ocultar quien había hecho el encargo" por la condición de funcionario público de Villarejo.

Por eso, concluye García Castellón, llegaron a proponer la posibilidad hacer los pagos a través de una sociedad opaca en Chipre, con destino final en las cuentas que Villarejo escondía en Reino Unido o Panamá.