Los barones del PP derivan el debate de la amnistía a la financiación autonómica

Los presidentes autonómicos del PP acuden al Senado este jueves en bloque para colectivizar la respuesta a las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas para su investidura. El debate sobre la futura ley de amnistía —a la espera de conocer el nombre que tendrá y su alcance— es el motivo inicial de la convocatoria, que los conservadores pusieron en marcha con su mayoría absoluta en el Senado para presionar a los socialistas. Pero los barones populares pretenden centrar buena parte de sus discursos en la gestión pública, la financiación autonómica y los “otros privilegios económicos”, explican en el partido, que el presidente en funciones podría repartir a sus socios nacionalistas.

La oposición a la amnistía, que encabeza Alberto Núñez Feijóo por tierra, mar y aire, sobrevolará todo el debate. Pero distintos dirigentes consultados por este diario reconocen que el debate de fondo a nivel autonómico tiene que ver con la financiación y el resto de cuestiones económicas: desde el reparto de fondos europeos o la posibilidad de un nuevo pacto fiscal para Cataluña, recuperando el proyecto que quiso impulsar en su día Artur Mas y que guarda similitudes con los privilegios forales del País Vasco, explican fuentes populares. Los independentistas tanto de Junts como de ERC tienen muy presente estas semanas lo que consideran “la deuda histórica” del Estado con su autonomía y reclaman avances en ese sentido para que Sánchez siga en la Moncloa.

Las comunidades más exigentes con un nuevo sistema de financiación que acabe de una vez por todas con los agravios que Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia sufren muy especialmente, no perderán la oportunidad de llevar al centro del debate este asunto. No ha habido reuniones preparatorias del PP previas, ni tampoco una coordinación de los discursos como tal.

Feijóo encarga a su núcleo duro en el Senado convertirlo en la Cámara de resistencia del PP

Sí hay interlocución constante y la convicción de que el poder territorial es en este momento la gran baza que tiene el PP para combatir a Sánchez. La mayoría absoluta en el Senado es la otra pata y, por eso, la primera gran iniciativa de presión ha sido convocar esta comisión general de comunidades autónomas. Los conservadores pretendían que asistieran también los tres presidentes del PSOE, el asturiano Adrián Barbón; la navarra María Chivite y el castellano manchego, Emiliano García-Page, muy crítico con la amnistía pero que ha declinado ir al Senado.

El riesgo era que el debate quedara diluido, como dicen los socialistas en la Cámara Alta, “a un aquelarre del PP”. Pero el anuncio de que también asistirá el ‘president’ de Cataluña, Pere Aragonès, ha devuelto buena parte del interés general a la jornada del Senado más allá del mundo conservador. Primero, dicen fuentes del PP, porque el PSOE “se queda colgado de la brocha” y, segundo, porque tendrá “todo el terreno para él” a la hora de reivindicar las exigencias de su formación. 

Aragonès será el primero en intervenir, aunque su intención es marcharse cuando termine. Luego vendrá el goteo de presidentes populares. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegará ya pasado el mediodía, cuando termine otros actos de su agenda. El perfil nacional de la dirigente madrileña es un clásico y pretende volver a exprimirlo en la Cámara territorial. En el PP esperan que el 'president' hable también de un futuro referéndum.

El otro presidente autonómico de total referencia, el andaluz Juan Manuel Moreno, ya defendió públicamente que el del Senado es un debate “importante” para dar voz a las comunidades autónomas, insistiendo en que aprovechará para trasladar a la Cámara Alta los intereses de Andalucía con dos ejes: sequía y financiación autonómica. “Nuestro deber es que nos hablemos y nos escuchemos entre nosotros”, señaló el presidente andaluz en un acto en Madrid la tarde de este miércoles, donde calentó motores contra el PSOE.

Los “privilegios económicos” a Cataluña

En el equipo del barón andaluz esquivan el mensaje constante con el que la oposición machaca a Moreno, con la idea de que está más en la oposición a Sánchez que en la gestión de los asuntos que interesan a los andaluces. Así, cada vez que el líder del PP andaluz interpela a los socialistas por su apoyo sin fisuras a Sánchez, sus adversarios contraatacan con las rémoras en su gestión, desde los problemas en la sanidad pública, al bloqueo de las listas de espera o las bolsas de trabajo del Servicio Andaluz de Salud o el impago de las ayudas al alquiler para los jóvenes andaluces. 

Aragonès acudirá al Senado para defender la amnistía y plantar cara al PP

Moreno sabe que excederse en el debate nacional podría pasarle factura y por eso siempre defiende un discurso más vinculado a la financiación autonómica, a los privilegios económicos a Cataluña, alertando de que un pacto bilateral puede acabar “privilegiando a los que tienen más frente a los que tienen menos”. Su mensaje es directo:  tanto Junqueras como Puigdemont "van a sacar tajada para los catalanes" y son los andaluces los que van a verse perjudicados "por el pago de ese cheque" a los independentistas a cambio de una investidura, denunció en el último pleno del Parlamento andaluz.

Andalucía será “beligerante”, señalan en las filas del PP andaluz, y actuará “como garante y contrapeso a quienes quieren romper un proceso de igualdad”. La reforma del sistema de financiación es un asunto crucial para la comunidad andaluza, que ya en la anterior legislatura reunió a Moreno con varios barones para exigir más recursos a las autonomías más castigadas, que son en financiación por habitante, de lejos, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha. 

El presidente de la Junta denuncia que la comunidad pierde con el actual sistema 1.000 millones al año y que esa brecha se ha ido ampliando en los últimos años en vigor del modelo por un sistema que “deja fuera a más de 220.000 andaluces”. Andalucía reclama que entre en vigor de forma urgente y mientras se reforma el sistema un fondo transitorio que nivele los ingresos de las comunidades más perjudicadas. Fue Madrid la que se opuso frontalmente a esa propuesta. 

Es otro asunto que el PP sabe que debe sortear, las diferencias notables entre los intereses de los propios barones populares en un futuro modelo. El PP defiende que deben ponerse sobre la mesa recursos suficientes desde el Estado para que nivelar el sistema, beneficiando a las más perjudicadas, pueda hacerse sin restar dinero a las que mejor situadas en el ranking de financiación por habitante. Una cuadratura del círculo complicada.