La magistrada y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, está en el punto de mira de tres de las cuatro asociaciones de jueces -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI)-, por unas declaraciones en las que cuestionaba que el actual sistema de oposiciones garantice la independencia de los jueces y criticaba la figura del preparador, "que no solo no hace jueces independientes, sino que hace jueces dependientes", entre otras cuestiones.
En sus declaraciones en el programa La Base, de Público, del pasado 15 de febrero, Rosell señalaba que el preparador «es alguien de la cúpula de la carrera judicial, que no ha tenido ninguna formación en derechos humanos, muchísimo menos en feminismo, y que con un poco de suerte ya era juez durante el franquismo». También aseveró que se ha encontrado «una cúpula de la carrera judicial que te dice: ‘ya sabes lo que te espera si no archivas esto, o si sigues adelante con esto’; y también en casos de pederastía hemos visto a preparadores o magistrados decirle a la jueza de pueblo: ‘con el cura no, con la iglesia no o con el obispo no’».
Las tres asociaciones de corte conservador exponen en un comunicado conjunto que, con estas valoraciones, Rosell "está admitiendo que ha tenido conocimiento de conductas que podrían llegar a ser constitutivas de graves delitos, sin que haya aclarado si procedió a denunciarlas por la vía correspondiente". Exigen que clarifique cuántos son los casos si lo ha denunciado, y si no lo ha hecho reclaman que denuncie "a la mayor brevedad". A juicio de estas tes asociaciones, es "gravemente irresponsable" que un miembro destacado del poder ejecutivo "extienda sobre toda la carrera judicial española (especialmente sobre las juezas jóvenes) una sospecha generalizada de connivencia con autores de graves delitos, como la pederastía, razón por las que las anteriores exigencias resultan ineludibles".
Tras el comunicado, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en su perfil de Twitter, red social donde se generó un amplio debate con críticos y defensores de sus palabras, respondió que "los hechos de hace décadas no se pueden denunciar. Pero exigirlo a la única jueza que sí denunció corrupción judicial es sobreactuar por ideología». Y, prosigue, que "el corrupto juez Alba era candidato de jueces de APM al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no hubo comunicado conjunto cuando fue condenado por delitos graves".
Desde su entorno exponen que ella habló en el programa con dos ejemplos de delitos que no se investigaban durante décadas: corrupción y pederastía. Y que Rosell no se refería a presiones delictivas sino a presiones "más sutiles" que se producen a veces también desde dentro de la carrera con mensajes como «ya sabes lo que te va a pasar si investigas a poderosos, con la iglesia no te metas o con los curas". Es más, indican que depende de quién lo transmita, o le puede dar igual al juez o le puede provocar mucho respeto, por un temor racional a no prosperar en la carrera judicial por haber investigado algunos casos.
Candidatura al CGPJ
Este comunicado de las tres asociaciones de jueces va ligado a la esperada renovación del CGPJ, aseguran desde el entorno de Rosell. Con la causa de Pablo Casado se habló del día 21 para desbloquear el CGPJ; las declaraciones de ella son del día 15 de febrero y el comunicado salió el 22. Por ello, hablan de que puede estar vinculado para que no se la considere una candidata apta a este órgano.
Las tres asociaciones -menos Juezas y jueces para la Democracia (JJPD)- tildan en el comunicado de "prejuicio" y "tópicos manidos" las palabras de Rosell sobre la carrera judicial, y hacen hincapié en que no se corresponden en modo alguno con la realidad. Juan Avelló, representante de APM en Canarias, indica que más del 60% de los jueces actualmente han pasado por la Escuela Judicial de Barcelona, no pertenecen a una etapa franquista y han recibido formación en perspectiva de género o en derechos humanos.
