Una derecha golpista, una izquierda insuficiente

Unos días antes de que tuviera lugar el melodrama que ha protagonizado Sánchez, las islas Canarias conocieron una movilización de envergadura desconocida desde hacía décadas, cuyos motivos alentaron también manifestaciones en otros territorios, quizás preludio de su extensión a buena parte del país. La gente salió a la calle contra un modelo económico y social, el turístico intensivo, que atenta contra el derecho a la vivienda y el medio ambiente de las zonas afectadas, conformando una sociedad basada en los trabajos precarios y la inequidad social, y en la que la riqueza se concentra en aquellos sectores empresariales vinculados a dicho modelo.

Y es que, siendo cierto que las cifras macroeconómicas (PIB y empleo) van bien (aunque el paro ha subido en el último trimestre por encima de lo normal), lo que no funciona es el reparto de la riqueza que se genera. De cara al pasado 1 de mayo, los sindicatos dieron unos números que debieran alarmar a un gobierno que se supone progresista: desde 2018, las empresas han ganado un 65% más, mientras que en los tres últimos años trabajadores y trabajadoras han perdido un 7% de su poder adquisitivo. Lo cierto es que los sueldos, a pesar del importante ascenso del salario mínimo, se están hundiendo bajo el peso de la cesta de la compra, las hipotecas y los alquileres. Buena parte de los empleos que se generan lo hacen en el sector servicios vinculado al turismo, cuya insostenibilidad social, laboral y ambiental está en el origen de un movimiento que con toda seguridad dará que hablar en un futuro inmediato. Y lo inexplicable: el ejecutivo de PSOE y Sumar mantiene una indemnización por despido que está recusada por Europa.

Este contexto negativo, que sin duda se verá agravado por el aumento del gasto militar (el gobierno ha sumado en abril 1.130 millones a los 6.142 presupuestados para comprar armas), la vuelta de las reglas fiscales europeas y la ausencia de Presupuestos del Estado (un ajuste encubierto), es el que han aprovechado las derechas para incrementar una ofensiva antigubernamental que arrancó con el triunfo de la moción de censura sobre Rajoy y que no ha hecho, desde entonces, más que subir en agresividad. Utilizando para ello los recursos habituales, básicamente el lawfare, que requiere para su implementación de todo un aparato mediático, judicial y político que, utilizando la desinformación y los bulos, fabrique causas penales falsas contra unas víctimas que acaban desacreditadas. En estos últimos años, a esta estrategia desestabilizadora se ha incorporado la violencia contra las personas y las sedes de fuerzas políticas progresistas. Podemos y los independentistas fueron los primeros en probar esta medicina. Y ahora le ha tocado a Sánchez y al PSOE. Que, por cierto, miraron para otro lado cuando la mafia policial al servicio del PP (‘policía patriótica’) y determinados jueces se dedicaron a defenestrar a quienes suponían en ese momento como el mayor estorbo para sus planes.

La reacción de un presidente debilitado políticamente, incapaz de dar una respuesta enérgica a partir del Estado de derecho y desde la implementación de políticas redistributivas, no ha sido otra que la apelación a una adhesión incondicional hacia su persona por parte de todo el progresismo. En lugar de la gestión política para hacer frente, con la Constitución en la mano, al Estado profundo, el jefe de la socialdemocracia española ha optado por el plebiscito emocional en torno a su figura. Ha escogido reforzar la hegemonía propia y la de su partido desde el hiperliderazgo y los sentimientos, y no desde las cosas del comer, donde este gobierno, de no cambiar su rumbo, va a tener muy poco que ofrecer en los próximos meses y años.

Y ha elegido este camino porque, al menos hasta el momento, ha eludido plantar cara a la estrategia derechista encaminada a profundizar en el secuestro del poder judicial. Ha dejado en el tintero aquel proyecto de modificar, mediante ley orgánica, el modo de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de manera que la composición de este se atempere a la soberanía popular, plasmada en la relación de fuerzas que hay en el parlamento. Mantiene una Ley Mordaza infame que está sirviendo para criminalizar a los colectivos sociales y ha respaldado prácticas del Ministerio del Interior claramente incompatibles con los derechos humanos.

En su comparecencia tras el período de reflexión de cinco días que se marcó, Sánchez aseguró que su decisión de continuar como presidente es un punto y aparte en lo que a lo hecho hasta ahora se refiere. Dijo, además, que trabajará por sanear el ambiente de nuestra democracia. Me gustaría creerle. Las dudas comienzan cuando habla de punto y aparte, cuando de lo que se trata es de rectificar, de una enmienda a la totalidad a lo realizado hasta ahora en lo que respecta a la regeneración democrática, por la razón de que en estos cinco últimos años la democracia no ha hecho, sino avanzar en su descomposición, tanto por la acción de la derecha como por la inacción de la izquierda. La cual es ahora incapaz de concretar cómo va a imponer la renovación constitucional del CGPJ, enredándose en la exhortación a un PP que por activa y por pasiva ha demostrado que quiere mantener este estado de golpe judicial en que vivimos. Y en lo tocante a los derechos sociales, tres cuartos de lo mismo: la vía emprendida, desde hace un par de años, que acrecienta la desigualdad, ha de abandonarse. La militarización de la economía, los recortes que vienen de Europa y las ganancias empresariales excesivas a costa de los salarios nunca constituyen un escenario compatible con políticas socialdemócratas.

Mi impresión, y ojalá esté equivocado, es que todo este asunto es un intento de vuelta al bipartidismo para que, desde este, y una vez eliminados los ‘extremos’ incómodos, regrese una gestión ‘responsable’ del capitalismo español en una Europa cuyas élites han optado por que la UE sea una semiperiferia, militarizada y empobrecida, del imperio anglosajón.

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