Un nuevo brote de coronavirus con 90 internos positivos en la cárcel de Picassent, conocido esta mismo miércoles, ha obligado a bunquerizar el centro penitenciario y suspender absolutamente todas las actividades no esenciales en el interior, algo que, a juicio del sindicato Acaip-UGT "llega muy tarde". El nuevo brote, que viene a sumarse al anterior con 66 infectados y que tuvo su origen en el módulo 14, desde donde se extendió a otros departamentos, se ha detectado en el módulo 7 de cumplimiento. De momento, no se ha informado de cómo se inició este nuevo contagio masivo.

Así pues, la prisión de Picassent, la mayor de todo el país, tiene en este momento un total de 157 internos positivos y más de 425 en cuarentena, algunos pendientes de realización de test y otros, a la espera de resultados, por lo que el brote de 90 podría incrementarse notablemente en los próximos días.

Además, Acaip denuncia que hay un total de 15 casos positivos entre los trabajadores -12 con origen extralaboral y 3 de origen laboral- y 19 más en cuarentena -14 de origen extralaboral y 5 laboral-.

Tras confirmarse la existencia de este nuevo brote, cuyos primeros casos saltaron este fin de semana, la dirección de la cárcel acordó la eliminación de todas las actividades no esenciales, medida que ya había pedido Acaip-UGT en la reunión del comité de salud laboral celebrado precisamente tras la detección del primer brote. En ese momento, los responsables del centro apostaron por aplicar las medidas protocolarias y no poner en marcha nuevas restricción, lo que el citado sindicato ha criticado duramente.

"En estos momentos el virus circula descontroladamente por el centro penitenciario, prácticamente en todos los módulos se han detectado casos positivos o confirmados, y aún se está pendiente de la realización de pruebas a muchos internos. No se adoptaron medidas drásticas y tajantes cuando se detectó el primer brote de importancia principios de enero, y por eso ahora se ha llegado a esta situación. Es imposible saber cuál es la extensión real del coronavirus en el mayor centro penitenciario de España, ya que la actividad en el interior del centro ha seguido siendo prácticamente normal hasta el día de hoy", afirma Acaip-UGT en un comunicado emitido hace unos minutos.

Además, critican, nuevamente el "limbo administrativo" en el que se encuentran los trabajadores a la hora de realizar pruebas diagnósticas, y que ya en el primer brote se resolvió gracias a que la subdirectora médica del centro consiguió que la sanidad pública se hiciese cargo de ellas, a pesar de que los funcionarios de prisiones no están en ese régimen.

"Es indignante que los trabajadores públicos tengan que buscarse la vida literalmente para ver si están contagiados, o no, por competencias administrativas, teniendo que sufragar ellos mismos en muchos casos el coste de las pruebas diagnósticas", afirma Acaip, que también denuncia que no se hayan entregado mascarillas FFP2 a todos los trabajadores y lamenta que esta situación haya llegado precisamente cuando más falta de personal hay.

En ese sentido, afirman que "el pasado 24 de enero desde Acaip-Ugt se solicitó que ante el avance descontrolado del virus en el centro se entregara a todos los trabajadores mascarillas FFP2, ya que solamente se facilitan, con carácter general de tipo quirúrgico. Esta situación se produce, además, con una enorme falta de personal tanto en todas las áreas del centro, incluidas la que está en contacto con los internos en los diferentes módulos, como en la sanitaria".