El recién nombrado vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, cree que el procedimiento en el que está imputado el nuevo responsable de Organización del partido, Fernando Martínez Maíllo, se anulará. "Al parecer se va aceptar", ha opinado en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press.
En todo caso, ha recordado que no sería la primera vez que un 'popular' es imputado y luego su caso se resuelve, como les sucedió al ministro José Manuel Soria y, recientemente, al presidente de la Ciudad de Melilla, Juan José Imbroda.
En varias entrevistas en radio y televisión, Casado ha hecho hincapié en que Maíllo está llamado a declarar precisamente en el procedimiento de nulidad que presentó. Según el dirigente 'popular', si se le llama a declarar "en calidad de imputado" es porque "es la calificación que tenía antes del procedimiento de nulidad".
Además, ha asegurado que el nuevo responsable de Organización "está muy tranquilo" y que la causa en la que está imputado no tiene que ver con su gestión al frente de la Diputación de Zamora, sino en su función de representante de una fundación de Caja España.
En concreto, se trata de una causa abierta por el juzgado número 5 de León para investigar a todo el antiguo consejo de administración de Caja España por la concesión irregular de créditos al entonces presidente de la entidad.
Casado considera que la situación de Maíllo no es comparable con la de los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán -llamados a declarar en el Supremo en calidad de imputados por los ERE presuntamente irregulares en Andalucía-, tampoco desde el punto de vista de su situación procesal porque en el caso de estos no hay presentado un procedimiento de nulidad.
En una providencia judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Rocío González Boñar llamó a declarar para el pasado 29 de mayo a Maíllo y a otros antiguos miembros que participaron en la sesión del Consejo de Administración del 8 de enero de 2009, que abordó la refinanciación de la deuda que tenía Santos Llamas.
Según explicaron a Europa Press fuentes jurídicas, las comparecencias, que fueron acordadas en aquella providencia con fecha del 6 de abril, se aplazaron porque las defensas solicitaron más tiempo para examinar la documentación que obra en la causa y se encuentran a la espera de tener nueva fecha de señalamiento.
La magistrada imputó entonces a los entonces consejeros Miguel Ángel Álvarez, Artemio Domínguez, Bernardo Fernández, Francisco Javier Fernández, Alfredo Fernández, Juan Elicio Fierro, Marcos García, Francisco Javier García-Prieto, Zenon Jiménez, Fernando Martínez Maíllo, Alejandro Menéndez, Maria Begoña Nuñez, María Olga Palacio y José Antonio Turrado.
Créditos por valor de 70 millones
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de León investiga este caso a raíz de una denuncia presentada por Izquierda Unida sobre los créditos de "escasa solvencia o en condiciones mucho más ventajosas" aprobados en cajas de Castilla y León.
En lo que respecta a Caja España, la denuncia pide investigar cinco préstamos a empresas vinculadas a Santos Llamas que ascienden a 17,6 millones de euros, un préstamo hipotecario a una empresa vinculada a él por importe de 15,2 millones, así como otras operaciones de "renovación de cuenta de crédito, líneas de avales y ampliación de préstamo a promotor a empresa vinculada por 5,1 millones".
"La cantidad total de créditos concedidos a Caja España a Santos Llamas no aparece detallada en los documentos entregados por la CNMV. La cifra total que han barajado medios y fuentes consultadas supera los 70 millones", añaden los denunciantes.
Según su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Santos Llamas era presidente de Construcciones Carriegos, administrador único de Construcciones Llamas Gil y vocal del consejo de administración de Sotaban, tres sociedades dedicadas al negocio inmobiliario que recibieron créditos de Caja España y Caja Duero.
Por ello, los denunciantes solicitan investigar la posible comisión de delitos societarios por parte de quienes "prevalíendose de su condición mayoritaria en órganos de administración, han logrado que las entidades públicas de ahorro hayan adoptado acuerdos con ánimo de lucro propio o en perjuicio de terceros".
