La operación Pretoria, en la que han sido detenidas importantes personalidades de la política y el mundo empresarial catalán, ha desvelado la existencia de un grupo organizado que habría tejido "una compleja red" de tráfico de influencias "para controlar proyectos urbanísticos en su beneficio". Así se desprende del auto dictado en la madrugada del viernes por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que ordenó el ingreso en prisión de los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el ex diputado del PSC, Luis García.

El magistrado, además, impone fianzas que oscilan entre los 25.000 y los 500.000 euros al resto de implicados en la trama -los empresarios Lluis Casamitjana y Josep Singla, el consejero delegado de Limasa, Manuel Carrillo y el gerente de Servicios del ayuntamiento de Santa Coloma, Pascual Vela-. En el auto, Garzón cifra en 44.754.000 euros el dinero defraudado por la trama a los Ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y San Andrés de Llavaneras en los que actuó con las operaciones Pallaresa, Badalona y Niesma, respectivamente.

Garzón sitúa la actuación de este grupo en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma con ramificaciones en otras localidades catalanas, así como en Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal, Madeira e Islas Caimán, donde procedían al blanqueo de dinero de sus actividades ilegales. Según el juez, Luis García es el nexo de unión y uno de los máximos responsables de la trama, quien, por sus actividades de mediación y de influencia sobre el alcalde de Santa Coloma, "se ha erigido en consejero de facto o en la sombra", que mediatizaba todas y cada una de las acciones del regidor, y habría obtenido un beneficio de al menos 8.026.000 euros por operaciones irregulares.

García también controlaba las acciones del teniente de alcalde Manuel Dobarco y otras personas de entidades públicas para conseguir que los proyectos y adjudicaciones "caigan de parte o en beneficio" de los empresario imputados o sus empresas, vinculadas a la promoción y construcción inmobiliaria. "A esta labor coadyuvan eficazmente los imputados Lluis Prenafeta y Macià Alavedra, los cuales, por su parte, despliegan en el grupo una actividad agotadora para conseguir voluntades en el ámbito político y público a favor de sus clientes y empresas a ellos vinculadas y percibiendo por ello las cantidades correspondientes", lo que para el juez acredita el delito de tráfico de influencias.

Ayer, nada más conocerse las imputaciones de los detenidos, sus respectivos partidos -Convergencia Democrática de Cataluña y PSOE- anunciaron su intención de suspenderlos de militancia.