Las zonas de bajas emisiones, un papelón para el equipo de Ballesta

El Gobierno saliente de José Antonio Serrano ha dejado muchos asuntos pendientes, que tendrán que gestionar los populares liderados por José Ballesta. Muchos de esos asuntos están relacionados con la movilidad. No solamente tendrá que cumplir con la palabra dada y tratar de paralizar y revertir las obras del plan de movilidad en aquellos puntos que han suscitado mayor oposición vecinal como El Carmen o Espinardo, sino que tendrá que sacar adelante una ordenanza clave para configurar y regular las futuras Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), la restricción del acceso a determinados vehículos contaminantes e incluso el uso de los Vehículos de Movilidad Personal, como los patinetes eléctricos. 

A pesar de que el Gobierno de PSOE y Ciudadanos ha tenido dos largos años para desarrollarla, la verdad es que en este momento solo existe un borrador. Además, un gobierno en funciones no puede legalmente aprobar ninguna ordenanza. Así lo establecen varias sentencias del Tribunal Supremo en las que se deja claro que este gobierno en funciones solo puede mantener la llamada ‘administración ordinaria’, es decir, todo aquello que no condicione, comprometa o impida las políticas de los nuevos representantes municipales. Por todo ello, será el Gobierno de Ballesta quien deba afrontar, cuanto antes, la publicación de la ordenanza de movilidad. 

La Ley de Cambio Climático, que entró en vigor el pasado mes de enero, obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a delimitar las ZBE con acceso limitado a los vehículos más emisores y contaminantes. Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 se prevé que los grandes ayuntamientos inicien el proceso este año, así como acciones para fomentar el transporte público e impulsar la movilidad eléctrica, tanto la pública como la privada, algo que en buena medida ha sacado adelante ya el Gobierno saliente de José Antonio Serrano. En todo caso, para la implantación de las zonas de bajas emisiones, Ballesta y el resto de alcaldes tienen un plazo extra de 18 meses desde enero de este año, es decir, que la restricción de los accesos podrían llegar, de aplicarse, como muy tarde, en agosto de 2024. 

Cabe recordar que la concejala de Movilidad Sostenible en funciones, la socialista Carmen Fructuoso, evitó siempre que se le preguntó por ello concretar cuáles serían exactamente las zonas de bajas emisiones y si se aplicarían o no, y en qué medida, las restricciones de acceso, más allá de las que existen ahora en zonas peatonalizadas en Alfonso X El Sabio o San Nicolás, o la que se va a generar en algunas avenidas y calles con el plan de movilidad.

Tres anillos de restricción

Lo que sí deslizó Fructuoso es que probablemente las futuras zonas estarían divididas en tres anillos. El primero, que no supondría un gran impacto entre los vecinos porque se trata de calles que ya han sido peatonalizadas, incluiría la calle Correos, Alfonso X, San Nicolás, pero no Gran Vía, que mantendrá en un futuro varios carriles para el transporte público y al menos un carril para el tráfico privado. La polémica vendría de la mano del segundo y el tercer anillo donde se aplicarían, en teoría, restricciones según las etiquetas medioambientales de la DGT (todavía por determinar), que podrían afectar a grandes espacios de La Merced, el barrio del Carmen, avenida de la Fama, e incluso Infante Juan Manuel. Será el Gobierno de Ballesta quien tenga que concretar tanto las zonas como las restricciones, si las hubiere. Eso sí, podrá aprovechar el trabajo que ya se ha adelantado con la puesta en marcha de dos proyectos para implantar la infraestructura que hará posible el control de los accesos y que incluye la habilitación de 849 cámaras.

 A falta de conocer el enfoque que adoptará el líder popular, es de esperar que siga una línea parecida a la que ha adoptado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que sí tiene los deberes hechos con la ordenanza. La regidora popular aseguró en su momento que su ordenanza no planteaba restricciones de acceso a las calles de la ciudad portuaria ni prohibiciones a los usuarios del vehículo privado ya que, argumentaba, «en Cartagena no tenemos los mismos problemas de contaminación provocados por el tráfico que grandes ciudades como Madrid o Barcelona sí tienen, porque buena parte de nuestro centro histórico está peatonalizado». 

Está por ver cómo influirá el proyecto de movilidad de Ballesta, con una red de túneles y grandes corredores verdes y peatonales en superficie, con la implantación de las ZBE. En cualquier caso no parece que la segregación de coches en función de su etiqueta ambiental sea una realidad hasta el año 2024.