Movilidad

Las plataformas contra el plan de movilidad acuden a la Justicia y a Europa

Cierran mi Barrio presenta un recurso ante el contencioso para pedir medidas cautelarísimas

José Oñate, Victoria de Antonio, Jerónimo Jover y Paulo López

José Oñate, Victoria de Antonio, Jerónimo Jover y Paulo López / L.O.

Alejandro Lorente

Alejandro Lorente

Los colectivos contrarios al plan de movilidad que está ejecutando el equipo de Gobierno de José Antonio Serrano han presentado un recurso en la Ciudad de la Justicia para pedir medidas cautelares y parar las obras que se está llevan a cabo en la ciudad de Murcia . "Vamos a ver si al juez que le toque es sensible y nos da la razón, y se para lo que se está haciendo y esto se puede llevar a exposición pública", ha asegurado este jueves, frente a la entrada principal de la Ciudad de la Justicia, José Oñate, presidente de la Asociación de Comerciantes del barrio del Carmen y miembro de la plataforma Cierran mi Barrio, que espera que con esta acción se pueda "ganar algo de tiempo para hacer las cosas lo mejor posible para la ciudad, los vecinos, los comerciantes y los visitantes".

Desde uno de estos colectivos, Cierran mi Barrio, lamentan que no se haya realizado de manera previa a los trabajos un verdadero proceso de participación. "Nos entristece tener que llegar a esta situación", ha señalado Oñate.

Carteles que informan de las obras, fotografiados este martes en la zona de Ronda de Levante

Carteles que informan de las obras, fotografiados este martes en la zona de Ronda de Levante / Juan Carlos Caval

El abogado del colectivo, Paulo López, detalla que lo que se ha pedido al contencioso-administrativo son "medidas cautelarísimas" para intentar paralizar de inmediato las obras para que se pueda debatir sobre su legalidad o no. "Entendemos que no se ha utilizado el mecanismo correcto, que era la ordenanza municipal que permite las alegaciones de los todos los vecinos", sostiene el letrado, que destaca que hay precedentes que les dan la razón y citó el caso del centro de Madrid. "Ahí sí se hizo mediante ordenanza municipal pero hubo tantas modificaciones que se los tribunales entendieron que había que retroceder y repetir la fase de información pública", sostiene López, que también citó el caso de Valladolid "donde se adoptó un acuerdo por parte del concejal correspondiente y tanto el Juzgado de lo Contencioso como el TSJ estimaron esos recursos y paralizaron las obras".

Por su parte, Jerónimo Jover, portavoz vecinal de Cierran mi Barrio, anuncia que su colectivo ya ha contactado con Europa. "Estamos recopilando toda la información que tenemos para la Comisión de Garantías europea, donde se aseguran que el dinero que prestan se utiliza para lo que se tiene que utilizar", señala Jover, que ha adelantado que dentro de una semanas comparecerán.