Posibles sanciones
La Comunidad se plantea abrir expedientes por pactar precios a las autoescuelas
Tras una reunión mantenida con la Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios el consejero explicó que estudiarán el informe de Facua
l. o.
Intentar proteger a los consumidores e informarles de sus derechos, es un objetivo que persiguen desde la Comunidad. Por ello, el consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, mantuvo una reunión ayer con Roberto Barceló, presidente de la Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios (CONSUMUR).
Tras la reunión al consejero se le preguntó por el informe de Facua, presentado el pasado miércoles, en el que indicaba que las autoescuelas de Murcia, entre otras ciudades de España, pactaban los precios y que por ello iban a ser denunciadas ante la Comisión Nacional de los Mercados (CNMC). Las diferencias en Murcia entre unas autoescuelas y otras eran del 4%, mientras que en el resto de España se encontraban algunas de hasta el 90%, de ahí las sospechas de que puedan estar pactados los precios.
Juan Hernández aseguró que iban a estudiar el tema para comprobar si la información que recoge el informe es cierta, y a partir de ahí tomar las medidas que sean oportunas, como abrir expedientes a las autoescuelas que hayan realizado esta práctica.
Por otra parte, la Comunidad trabajará en un programa de consumo destinado a proteger al ciudadano, que será diseñado por la administración de la mano de las asociaciones de consumidores de la Región. El objetivo es «mejorar la defensa ante gestiones tan cotidianas como una incidencia en la factura de la luz, del agua o del teléfono móvil, y facilitar además información sobre cuáles son sus derechos y de cómo pueden reivindicarlos» indicó el consejero.
Un ejemplo de medida concreta, por la que van a seguir apostando, es el Servicio de Arbitraje de Consumo que ofrece la Comunidad, «un servicio gratuito que permite, ante un conflicto, que consumidores y empresas lleguen a un acuerdo a través de la mediación, evitando así la vía judicial», explicó Hernández. La Junta Arbitral de Consumo «ofrece un procedimiento ágil de carácter voluntario, sencillo e imparcial cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento para ambas partes».
En lo que va de año, se han recibido un total de 1.878 solicitudes de arbitraje, que han dado lugar a 1.083 resoluciones, de las que la Junta de Arbitraje ha dictado resolución en 1.006 casos.
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