Economía

El TEA del Ayuntamiento de Lorca en punto muerto a pesar de ser obligatorio desde 2007

La puesta en marcha del Tribunal Económico Administrativo enfrenta a las dos principales fuerzas políticas de la Ciudad del Sol

Isidro Abellán, en una imagen de archivo.

Isidro Abellán, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

Daniel Navarro

Daniel Navarro

Desde el año 2007, la legislación vigente en España obliga al Ayuntamiento de Lorca a contar con un Tribunal Económico Administrativo (TEA). La puesta en marcha de este organismo, que debe asegurar la tutela judicial efectiva y la justicia tributaria en el municipio, se fue postergando por diversos motivos hasta que en noviembre de 2021 el equipo de Gobierno liderado por Diego José Mateos iniciaba los trámites para su puesta en marcha.

"Concebido como un órgano independiente y objetivo, ha sido respaldado por informes favorables de la Secretaría General, la Intervención General, la Tesorería Municipal y la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Lorca. Su ausencia no solo vulnera los derechos constitucionales de los ciudadanos lorquinos, sino que también podría acarrear consecuencias económicas muy graves para este Ayuntamiento, ya que el Tribunal Supremo está dictando sentencias en contra de las administraciones locales que no lo tienen constituido", destacaba a principios de mes Isidro Abellán, responsable del área económica durante el mandato anterior.

PP y Vox votaban a favor de la nueva distribución del personal eventual del Ayuntamiento.

Imagen de archivo del Pleno del Ayuntamiento de Lorca. / Daniel Navarro

Estas declaraciones del edil socialista recibían respuesta por parte de la actual responsable de Economía y Hacienda del Consistorio, Belén Pérez, quien significaba que el retraso en la constitución del organismo se debía a la necesidad de introducir cambio en su modo de organización. Así, según la concejala, las modificaciones permitirían a los lorquinos "el ahorro de casi 180.000 € en retribuciones a sus miembros, tal y como había dejado previsto el anterior gobierno local".

"Constituye una decisión directa del alcalde, Fulgencio Gil, que ya denunció en su momento el error que se cometía por parte de los anteriores responsables políticos, que suprimieron la Agencia Tributaria Local, pese a haber recuperado 27,7 millones de euros en 5 años, y quisieron cambiarlo por un ‘chiringuito’ para colocar a tres personas, dos de las cuales no tenían que ser siquiera funcionarios del Ayuntamiento, sino que podrían ser elegidas 'a dedo'", abundaba Pérez. Así, la edil insistía en que con el organismo diseñado "se arrastraba al Ayuntamiento a sistemas de gestión propios de los años 80".

Belén Perez, en una imagen de archivo.

Belén Perez, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

Ante las declaraciones de Pérez, Isidro Abellán comparecía este martes ante los medios y acusaba a la edil de mentir con respecto a la retribución a percibir por los miembros del TEA, "ya que no llegó nunca a fijarse". Asimismo, el socialista reseñaba que el Reglamento Orgánico que regulará el funcionamiento de la entidad es el mismo que fuera desarrollado durante la legislatura anterior.

"Les instamos a mostrar la partida presupuestaria de la cual se tenía previsto obtener esas cantidades desmesuradas. Todos los grupos de la oposición conocían que los miembros del TEA recibirían dietas por asistir al tribunal. En ese momento, el PP y sus compañeros de la oposición votaron en contra porque se oponían a cualquier tipo de retribución", abundaba Abellán.

Así las cosas, según fuentes municipales, el organismo se llevará al próximo Pleno para su ratificación por parte de la Corporación Municipal.