Sin fecha para el realojo de las familias que siguen en casas prefabricadas desde los terremotos de Lorca de 2011

Desde hace más de doce años, varias familias viven en precario en casas prefabricadas de 42 metros cuadrados, con las paredes de pladur y techos de chapa, habilitadas por Cruz Roja para las víctimas de los terremotos de Lorca de 2011. 

Fue la solución habitacional que se les dio cuando el barrio en el que vivían, el de San Fernando, construido con motivo de la inundación de 1973, fue demolido por los graves daños estructurales que originaron los seísmos. Era una solución “temporal”, hasta que volvieran “a reconstruir sus viviendas” y pudieran “hacer de nuevo su vida normal", se dijo entonces. 

En este tiempo, los habitantes de este poblado, situado en un descampado de la Avenida de Sutullena, han ido incrementando en número con el nacimiento de niños y niñas que no han conocido otro modo de vivir que alejados de colegios, parques y de otras edificaciones, con una solera de hormigón como todo espacio de juego, y soportando los rigores de la climatología.  

Hace justamente un año, desde la Dirección General de Vivienda, adscrita a la Consejería de Fomento e Infraestructuras del Gobierno regional, se anunció que estas familias serían realojadas de inmediato en las “viviendas convencionales” adquiridas por este departamento que, posteriormente, iban a ser cedidas al Ayuntamiento de Lorca para su puesta a disposición, “de forma urgente” a sus beneficiarios. 

La adquisición de estas viviendas se enmarca en el programa europeo “Pares”, de erradicación del chabolismo que, cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE), desarrolla la Comunidad Autónoma.

La Dirección General de Vivienda, se encarga de la compra, mientras que la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, y la ONG Habito, llevan a cabo el acompañamiento para ayudar a las familias en el proceso de integración social.

En julio del pasado año, el director general de Vivienda, José Francisco Lajara, anunció que su departamento había comprado ya las primeras cinco viviendas –del total de diez que se adquirirán en Lorca– mediante una inversión de 522.266 euros. La intención, según informaba la que entonces era concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lorca, María Dolores Chumillas (PSOE), es que “antes de agosto [de 2022] las familias hayan realizado la mudanza a las viviendas que se han adquirido a través del plan para acabar con la infravivienda y el chabolismo cronificado”. El verano pasó, y las familias continuaron allí. 

Meses más tarde, en septiembre de 2022, la que entonces era concejala en la oposición y hoy ostenta la delegación de Servicios Sociales, Mayte Martínez (PP), denunciaba “tener constancia” de que el Ayuntamiento disponía desde julio de “media docena de viviendas, cedidas en propiedad por parte del Gobierno regional, con el objetivo de completar el desmantelamiento de las casas prefabricadas ubicadas en el barrio de San Fernando”. “Sabemos que las tienen a su total disposición desde el mes de julio, por lo que reclamamos que se proceda al realojo de estas personas con carácter inmediato”, exigía Martínez. La actual concejala de Servicios Sociales decía no comprender cómo era posible que se hubiera dejado pasar todo el verano “sin trasladar a estas familias, especialmente teniendo en cuenta las elevadas temperaturas que se han registrado durante estos meses”.

Todo apunta a que, para la mayor parte de ellas, el verano de 2023 no será distinto a los once anteriores. Y es que, hasta el momento, sólo una de las siete familias ha abandonado el poblado y disfruta ya de una de las viviendas que servirán, en palabras de Lajara, de “ascensor social” para “mejorar de forma notable sus condiciones de vida”. Lo hizo el lunes de esta misma semana y, a continuación, se desmontó la vivienda prefabricada para su destrucción ya que su mal estado impide conferirle ningún nuevo uso. El recuerdo de lo que fue lo constituye una montonera de colchones, muebles desvencijados y enseres viejos apilados en el centro de la solera que hace las veces de placeta comunitaria y que los vecinos exigen que se limpie. 

La salida de esta primera familia ha hecho saltar las alarmas de las otras siete, tras las palabras de la concejala de Servicios Sociales, sobre que confiaba en que las que siguen en los barracones “colaboren” y “consientan” en participar en el programa de acompañamiento que desarrolla la ONG Habito, condición previa para el realojo. Una de las afectadas, Mercedes, ha mostrado su indignación porque “se ha dado a entender que estamos en una situación de rebeldía respecto a nuestra participación en ese programa, cuando lo cierto es que tres de las ocho familias llevamos un año esperando a que nos llamen para poder iniciarlo, y a las que ya lo han empezado no les dan fecha de salida”.  

Con Mercedes viven su marido y dos hijos menores de edad, uno de 15 y otro de 8 años, este último afectado, además, por una discapacidad. “No entendemos qué criterios han seguido para establecer la prioridad a la hora de poder salir de aquí”, ha asegurado. “Nosotros estamos deseando iniciar el seguimiento, pero llamamos a Servicios Sociales y sólo nos piden paciencia. Tienen que entender que la paciencia se agote después de doce años de promesas y de anuncios incumplidos”, ha explicado. 

La Opinión ha visitado este jueves el poblado. Enseguida se ha formado un corrillo de sus vecinos que se han ofrecido a mostrar los barracones mientras se quejaban del estado en el que viven: “Mira el baño, se está pudriendo”, ha dicho una de ellas mientras señalaba las humedades. “Aquí hemos pasado mucho, desde un frío horroroso en invierno que nos obligaba a taparnos con cinco mantas, hasta un calor asfixiante en verano”, han continuado relatando.  

Desde el Ayuntamiento de Lorca siguen sin dar una fecha clara

Ante la situación, fuentes municipales han querido añadir que estas familias adheridas al programa Pares “serán realojadas en viviendas alternativas próximamente, tras resolver las diligencias burocráticas pertinentes”, respuesta que no acaba con la incertidumbre de los vecinos, ni les ayuda a saber cuándo preparar su mudanza, para la que aseguran que se les da –como conocen del primer caso– únicamente veinticuatro horas antes de demoler las viviendas prefabricadas.