La Comunidad pide a unos 700 afectados por los terremotos que justifiquen las ayudas

De las 5.363 ayudas concedidas para la rehabilitación de viviendas a los damnificados por los terremotos de 2011 de Lorca, alrededor de 700 propietarios han recibido hasta el momento el requerimiento por parte de la Comunidad Autónoma para que justifiquen el gasto de forma más clara, según el director general de Ordenación del territorio, Arquitectura y Vivienda, José Antonio Fernández Lladó. En este sentido, por parte de técnicos de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento se ha iniciado una ronda de contactos con los afectados para revisar sus expedientes, resolver las dudas que tengan dentro del proceso de justificación de las subvenciones y al mismo tiempo para informarles de la documentación que tienen que aportar.

Según el director general, «existe un determinado número de expedientes que deben justificar mejor el gasto de las ayudas que recibieron para lo cual se están sentando las bases y aunando criterios para sacar adelante la tramitación de los expedientes». Según Fernández Lladó, «a los expedientes se ha incorporado la posibilidad de que un informe emitido por un técnico competente sustituya a las facturas sobre los trabajos de rehabilitación que se han llevado a cabo».

El director general señalaba asimismo que «hay afectados que han renunciado a la ayuda porque recibieron otra por parte del Consorcio de Compensación de Seguros, después de la concedida por la Comisión Mixta». Los expedientes que se barajan oscilan entre los 500 y los 20.000 euros. Por otra parte, recuerda que la Comunidad Autónoma no cobrará intereses de demora por las devoluciones mientras que se va a solicitar al Congreso de los Diputados que el Gobierno Central haga lo mismo, añadiendo una disposición a los presupuestos generales del Estado, para que se condonen los intereses de las ayudas a los damnificados.

El proceso, según Fernández Lladó, incluye también la fase en la que los damnificados «deberán justificar el pago de las ayudas con cualquiera de los medios que establece la normativa vigente para esa justificación, de tal manera que puedan culminar de forma satisfactoria la tramitación de expedientes y cerrarse la obligación de justificar lo que corresponda y, por parte de la administración, comprobar la ejecución del gasto de forma adecuada».