El ayuntamiento de Cehegín ha sido condenado a pagar 50.073,46 euros por el despido improcedente de tres conserjes de colegios del municipio. Los conserjes venían siendo contratados todos los años de manera repetida y el pasado mes de agosto el Ayuntamiento decidió convocar un concurso, donde los tres se quedaron fuera de ocupar sus plazas, por lo que demandaron al Consistorio por despido improcedente, una causa que han ganado.
Al respecto, Ciudadanos ha denunciado el grave perjuicio que supondrá para las arcas municipales «la decisión de José Rafael Rocamora, alcalde de Cehegín, de no anular el proceso selectivo para tres plazas de conserjes en colegios públicos realizado en agosto de 2015, y el despido de los tres trabajadores que llevaban más de 15 años desempeñando estos puestos», explica la formación naranja en un comunicado.
Jerónimo Moya, concejal y portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, recordó que «esta decisión de Rocamora es especialmente grave ya que se mantuvo pertinaz en el error, a pesar del voto de todos los partidos de la oposición a favor de una moción presentada por Ciudadanos en el pleno celebrado el pasado 1 de septiembre de 2015». Según recuerda Ciudadanos, en el debate de dicha moción ya advirtieron de la «ilegalidad en que se encontraban estos trabajadores y de las graves deficiencias del proceso selectivo, al que podemos calificar, sin temor a equivocarnos, de enorme chapuza», porque, según dicen, «no se pidió ningún informe jurídico al respecto».
«Regularizar la situación»
El alcalde de Cehegín, José Rafael Rocamora, explicó al respecto que «hemos tratado de regularizar una serie de contratos que se encontraban en fraude de ley», matizando que «creamos un proceso selectivo abierto, donde todo el mundo pudiera presentarse y optar a las tres plazas de conserjes».
De hecho explicó «los tres conserjes se presentaron a ese proceso selectivo con el Hándicap que no salieron elegidos, porque hubo tres personas que tuvieron una puntuación mayor que ellos, en este caso el juez ha reconocido la antigüedad de sus puestos de trabajo», puntualizando que «una antigüedad que viene derivada de la concatenación de una serie de contratos irregulares realizados en fraude de ley».
