Lorca será declarado 'municipio libre de desahucios' en el próximo pleno municipal atendiendo a una propuesta del equipo de Gobierno del PP, que saldrá adelante con su mayoría absoluta, aunque se espera el apoyo unánime del resto de grupos políticos durante la votación. La concejal de Servicios Sociales, Fátima Mínguez, ha explicado que esta declaración ratifica el compromiso del ayuntamiento para garantizar el derecho a una vivienda digna, haciendo frente a la emergencia habitacional de las víctimas de los desahucios por ejecución hipotecaria.

Ese compromiso municipal incluye la oposición manifiesta «a cualquier desahucio de una casa en la que se encuentren viviendo menores», ha precisado la edil del PP, que ha dicho que el Ayuntamiento también se compromete a propiciar el realojo de familias en riesgo de exclusión, en caso de que no se pueda impedir el desahucio.

Mínguez ha dicho que los suministros de agua, de energía eléctrica y de gas, son bienes básicos que deben de seguir siendo garantizados para todas las familias, por lo que el consistorio colaborará con las administraciones públicas en la implantación de actuaciones que se desarrollen a fin de atender situaciones de emergencia en materia de vivienda..

El Ayuntamiento seguirá prestando información, orientación y asesoramiento a las personas y familias afectadas por un desahucio o ejecución hipotecaria, a través de la concejalía de Vivienda y se dirigirá a las entidades financieras que operan en el municipio para pedirles que eviten las órdenes de lanzamiento con el fin de que las familias que residen en su vivienda habitual no tengan que abandonar la misma, acogiéndose al régimen de alquiler social.

Por ello, ha explicado la concejala, el ayuntamiento de Lorca solicitará a las entidades financieras un censo de viviendas vacías propiedad de bancos con el fin de ser utilizadas para realojar a familias que no disponen de viviendas, comprometiéndose a mantener el convenio que con este fin selló con el Colegio de Abogados de Lorca hace tres años.

En relación con ese convenio, que fue el primero en su género que suscribió un ayuntamiento en la Región, Mínguez ha resaltado que contempla el respaldo jurídico gratuito desde el primer momento para evitar que se llegue a una situación más complicada ante una posible ejecución hipotecaria.

Oficina de atención al ciudadano

El convenio obligaba al Ayuntamiento a abrir una oficina de atención al ciudadano en materia de vivienda, que en estos tres años ha recibido un total de 81 consultas, 18 de las cuales se han enviado al Colegio de Abogados.

Otras 18 familias han llegado a acuerdos con sus correspondientes entidades bancarias, mientras que otras 8 no han realizado una segunda a este servicio, ha precisado la edil, que también ha señalado que 15 personas se dirigieron a la oficina para aclarar dudas y siete familias están en conversaciones con sus entidades para alcanzar un acuerdo. De los casos enviados al Colegio de Abogados, 10 expedientes están cerrados, otros dos han sido resueltos a falta del informe del abogado y en seis están haciéndose gestiones con los bancos.