Los clientes pagarán en el recibo de luz más de 140 millones a fábricas dispuestas a parar de urgencia

España empezó a aplicar durante la crisis energética un nuevo sistema para reducir el consumo de luz de urgencia en caso de desajustes graves entre la producción de electricidad y la demanda que se necesita cubrir en cada momento en todo el país. El nuevo mecanismo, que vino a sustituir el antiguo servicio de interrumpibilidad que funcionó durante más de una década, permite la parada forzosa obligatoria de fábricas industriales para recortar el consumo de electricidad.

Red Eléctrica -el gestor el sistema eléctrico español- ha celebrado en los últimos días una subasta en busca de factorías industriales o compañías energéticas dispuestas a parar si es necesario durante 2024 en caso de emergencia eléctrico a cabo de unos pagos millonarios. Las compañías tenían que ofrecer en la subasta una cantidad de potencia eléctrica que pueden dejar de utilizar durante unas horas y el precio al que están dispuestas a dejar de funcionar.

El resultado de la puja del denominado servicio de respuesta activa de la demanda es que casi una veintena de grandes consumidores percibirán durante el próximo año una retribución fija de casi 143 millones de euros, un 52% más, a los que se sumarán pagos puntuales cada vez que sean obligadas a dejar de funcionar en función del tiempo de parada y del precio del mercado eléctrico del momento.

Los adjudicatarios han ofrecido 609 megavatios (MW) de potencia y han confirmado su disponibilidad para parar en un total de 5.745 horas (alrededor del 65% de todas las horas del año) a un precio medio de 40,82 por su disponibilidad para dejar de funcionar. Frente a los resultados de la anterior subasta del año pasado, el precio medio cae (fue de 69,97 euros por MW y hora) y se dispara la potencia (fue de 409 MW) y el número de horas (que fueron sólo 2.714).

Sólo una parada en un año: 94 millones

La retribución total que percibieron las compañías fue de 94,3 millones de euros durante un año de manera fija. Durante este año, el sistema de protección sólo fue activado en una ocasión. El parón fue en la noche del pasado 4 de septiembre, cuando REE ordenó la parada obligatoria de varias fábricas industriales para reducir el consumo de electricidad nacional y evitar un desajuste importante por no disponer de suficiente producción eléctrica para cubrir con garantías toda la demanda.

Red Eléctrica lanzó la orden a las factorías de que detuvieran su consumo de luz a las 21.59 horas de aquel lunes para evitar un problema provocado por la parada no programada de la central nuclear de Ascó, en Tarragona, por un fallo interno, y que coincidió con una menor aportación de la producción de parques eólicos de la esperada y también con un alza de las exportaciones de electricidad, según confirman varias fuentes oficiales.

En la noche del 4 de septiembre se ordenó la detención de toda esa potencia disponible, los 497 MW íntegramente, reduciendo el consumo de luz en 1.424,7 megavatios hora (MWh), según los registros oficiales de REE. Por aquella parada forzosa las factorías afectadas recibieron 189.756 euros extra (a razón de 133,19 euros por cada uno de los 1.424,7 MWh no consumidos aquella noche), que se suman a la retribución fija pactada para todo el año.

El temor a un desajuste aquella noche de principios de septiembre provocó que varias fábricas tuvieran que detener su actividad. Fue la primera vez que se puso en marcha el nuevo sistema de respuesta activa de la demanda, aprobado un año antes por el Gobierno como parte del Plan +Seguridad Energética, y que sirve para reducir de manera rápida altos consumos de electricidad (especialmente de la gran industria) para evitar desvíos graves en el funcionamiento del sistema eléctrico.

Desde Red Eléctrica se subraya que, pese a la activación del sistema de urgencia, aquella noche no hubo un riesgo de apagón. “La continuidad del suministro no se vio en ningún momento comprometida, siendo el objetivo de la orden de activación garantizar los niveles de reserva establecidos en los procedimientos de operación en respuesta a una situación puntual en la que se vieron reducidos los recursos disponibles en el sistema”, explican fuentes del gestor del sistema eléctrico.

La vieja interrumpibilidad

El sistema de respuesta activa de la demanda está diseñado para aplicarse sólo en momentos puntuales para asegurar la continuidad del suministro en situaciones de escasez de energía en servicios concretos de ajuste del mercado eléctrico (como la reserva de sustitución o la regulación terciaria). Las paradas de las fábricas sólo pueden tener una duración máxima de tres horas al día por cada compañía adjudicataria del servicio y se ha de hacer un preaviso a las empresas con al menos 15 minutos.

El actual servicio de respuesta activa de la demanda vino a sustituir al antiguo programa de interrumpibilidad que estuvo vigente en España durante más de una década, desde 2008 y a 2019. El nuevo sistema busca evitar desequilibrios entre generación y demanda en el conjunto de España integrándose en los propios servicios de ajuste del sistema, mientras que la anterior interrumpibilidad era un escudo para situaciones de seguridad de carácter local tanto por falta de suministro o por grandes subidas del precio de la electricidad. En el actual servicio participan apenas una quincena de compañías, el antiguo sistema retribuía a más de un centenar de grandes factorías.

Durante el primer año de vigencia del nuevo sistema el coste ha sido de poco más de 94 millones y se ha utilizado en una ocasión. El servicio de interrumpibilidad tuvo un coste que se cargaba en los recibos de la luz de un total de 5.258 millones de euros durante los doce años en que funcionó (en 2019 el importe fue de unos 200 millones de euros, pero en ejercicios previos se superaban de manera permanente los 500 millones anuales e incluso en 2014 se rozaron los 660 millones de euros.

Entre 2008 y 2017, toda una década, Red Eléctrica casi no utilizó el sistema de interrumpibilidad, ordenando en todo ese tiempo el paro forzoso de fábricas durante sólo cinco horas (aunque las factorías debían atender de manera obligatoria a paradas para realizar comprobaciones de que el sistema funciona bien, a razón de unas 88 horas por año). En los dos últimos años en que estuvo vigente, una reforma legal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy facilitó la activación del sistema por motivos económicos, para evitar fuertes subidas del mercado eléctrico por desajustes entre oferta y demanda. En 2018 la interrumpibilidad se activó en 50 ocasiones, en 2019 sólo funcionó tres veces.