El grupo parlamentario socialista solicitó ayer la comparecencia del presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, para explicar «el caos» en la Segunda División y «el oscurantismo» sobre las deudas del fútbol profesional, así como el caso particular del Real Murcia. Asimismo, pide al Gobierno que explique las razones por las que no ha remitido a las Cortes el proyecto de ley del deporte profesional.
En declaraciones a EFE, el portavoz socialista de deportes, Manuel Pezzi, ratificó la petición de comparecencia de Cardenal para explicar la situación «puntual» del Real Murcia y «todo lo que hay detrás». El caso del Murcia se debe a la «incompetencia del Gobierno, del Ministerio de Educación y del Consejo Superior de Deportes por no haber regulado como se había previsto la ley concursal en lo que respecta al mundo del fútbol», declaró Pezzi.
Según el portavoz socialista, los problemas actuales en la Liga de Fútbol Profesional (LFP) provienen de «la falta de eficacia del Gobierno», al que acusa de no haber hecho la nueva ley del deporte profesional y no haber regulado la ley concursal en el caso de las sociedades anónimas deportivas y los clubes deportivos.
Por otra parte, el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, remitió ayer un escrito a Miguel Cardenal, en el que le insta a que intervenga ante la situación creada en torno al Real Murcia, según fuentes municipales. En su carta, el alcalde recuerda que el pasado 13 de agosto el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid dictó un auto por el que se suspendía cautelarmente el descenso administrativo del Real Murcia Sociedad Anónima Deportiva.
Señala Cámara que en dicho auto «se ordenaba la inmediata inscripción y afiliación del Real Murcia en la Liga de Fútbol Profesional anulando la decisión de no permitir la continuidad del club en la Segunda División del fútbol español». «Sorprendentemente hemos conocido la intención de la LFP y de su presidente de no acatar y cumplir dicho auto y por tanto no proceder a la inscripción del Real Murcia SAD en la LFP y en consecuencia imposibilitar su derecho a participar en la competición deportiva de segunda división».
Entiende el alcalde de Murcia que «esta rebeldía por parte de los máximos dirigentes de la LFP debe tener una contundente respuesta por parte del Consejo Superior de Deportes que presides, ya que en todo momento el CSD debe garantizar el respeto al Estado de Derecho que existe en España y el cumplimiento de las resoluciones judiciales».
Independientemente de las acciones legales que lleven a cabo el Club, socios, acreedores o aficionados, «desde Ayuntamiento de Murcia y en defensa de los legítimos intereses de la ciudad y sus habitantes, por lo que representa esta actividad deportiva en la economía, promoción y mantenimiento de puestos de trabajo, te instamos a intervenir y poner fin a la intención de no cumplir el auto judicial por parte de la LFP», añadía el escrito.
