El TSJ reclama las doce unidades judiciales que aún necesita la Región

La Región de Murcia necesita, para empezar, doce unidades judiciales, manifestó ayer Miguel Pasqual del Riquelme, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) durante la presentación de su Memoria Anual.

En concreto, se refiere a dos juzgados de lo Civil en Murcia y uno de esa misma clase en Cartagena; un juzgado de lo Penal en Murcia; cuatro plazas de jueces de adscripción territorial; el tercer juzgado de Violencia sobre la Mujer en Murcia; un nuevo juzgado mixto en Molina de Segura; el segundo juzgado de Vigilancia Penitenciaria en la Región; y la creación de una nueva Sección Penal completa en la Audiencia Provincial de Murcia.

Las quejas por parte del TSJ sobre la falta de recursos, materiales y humanos, con los que cuenta el Cuerpo Judicial en la Región se repiten desde hace años, pero especialmente este, después de las huelgas que sufrió este sector durante el primer trimestre de 2023. «Lo ocurrido es, sin duda alguna, el indeseado resultado de años de abandono y carencias; de deterioro progresivo de las condiciones laborales; y de un aumento exponencial de la litigiosidad para el que están tardando demasiado en llegar las medidas legislativas y los medios necesarios para hacerle frente», denunció Del Riquelme.

Y no fueron solo huelgas. «La paralización por la pandemia, el bloqueo institucional que sufre el Poder Judicial, unidos al déficit histórico de órganos judiciales, alta litigiosidad y extrema incidencia de las huelgas que padece nuestra Región son factores que se han sumado hasta hacer imposible asumir la carga de trabajo que soportan nuestros juzgados y tribunales y abocan al incremento en los asuntos pendientes y de los tiempos de respuesta», señaló el magistrado.

En concreto, a 31 de diciembre de 2023, seguían en trámite en los juzgados y tribunales murcianos un total de 179.188 procedimientos, un 27% más que el año anterior. Por otra parte, se resolvieron 179.164 asuntos, un 13% menos que en 2022.

El presidente alertó de que tales resultados no son sólo un problema interno de la organización judicial. «Llegados a un determinado punto de deterioro institucional y operativo de la Justicia, que a su vez genera desafección ciudadana, se entra en riesgo de constituirse en un Estado fallido», advirtió.

Lo cierto es que la productividad de los jueces murcianos no está en entredicho, ya que cada uno dictó, de media, 217 sentencias durante el año y el número de asuntos resueltos es acorde al resto de comunidades.

Entre las cifras más sorprendentes, los concursos de acreedores aumentaron en un 130%, sobre todo por parte de deudores que no tienen actividad empresarial, lo que representa un incremento del 223% (a raíz de la ley de segunda oportunidad).

Del Riquelme quiso recordar lo que, «por obvio, pasa muchas veces desapercibido», y es que «cada día, en los juzgados y tribunales de la Región se solventan decenas de litigios y se atiende a cientos de ciudadanos con plena normalidad y con todas las garantías».