La Audiencia confirma la fianza de 74,1 millones exigida a Valcárcel

El expresidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel tendrá que poner 74,1 millones de euros para evitar el embargo de sus bienes. La Audiencia Provincial ha confirmado la fianza que le impuso el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia hace un año para hacer frente a los perjuicios económicos que ha causado a las arcas regionales la desaladora de Escombreras. Los 74.194.332,55 euros que le reclama la Sección Segunda de la Audiencia al rechazar el recurso presentado por Valcárcel corresponden al sobrecoste del alquiler que ha pagado la Administración regional a la empresa propietaria de la planta, la sociedad del grupo ACS Hydro Management.

El exjefe del Ejecutivo regional, que será juzgado por su presunta implicación en los contratos de la desaladora firmados en 2006, había recurrido la fianza argumentando que, debido a su elevada cuantía, resulta «caprichosa» y «provoca una indudable indefensión». También se quejaba de que esta reclamación duplicaría «un supuesto perjuicio millonario de forma ficticia y arbitraria», dado que hay otro proceso pararelo en el Juzgado de Instrucción número 5, en el que también tienen que responder por los perjuicios económicos de la planta el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, ex altos cargos de la Comunidad y directivos de las empresas del grupo ACS y de los despachos de abogados que participaron en la gestación de los contratos.

Valcárcel se sentará en el banquillo por el caso de la desaladora de Escombreras el 9 de julio

La Sección 2 de la Audiencia Provincial de Murcia, en un auto notificado este miércoles, niega que la cuantía de la fianza exigida sea desproporcionada, irracional y arbitraria y que pueda ser tachada de caprichosa, en contra de los argumentos de Valcárcel .

También rechaza que exista la duplicidad en la reclamación aducida por Valcárcel , «pues la responsabilidad solidaria impone precisamente que cada deudor responda del total de la obligación establecida, dejando a salvo el derecho de repetición el que hubiere pagado contra los demás por las cuotas correspondientes a cada uno», concluye el auto.

Recuerda igualmente que el importe fue calculado por la Fiscalía y por la Comunidad Autónoma teniendo en cuenta «la diferencia económica existente entre los parámetros económicos que hubiera seguido el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de contratación o concesión administrativa y los cauces por los que ha discurrido con la fórmula de compra de acciones de una empresa privada cargada con un eventual pasivo patrimonial de 600 millones de euros».

El juicio, a partir del 9 de julio

Ramón Luis Valcárcel, que fue presidente del Gobierno regional y vicepresidente del Parlamento europeo, será juzgado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial a partir del próximo 9 de julio por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos por el sobrecoste que ha pagado la Comunidad Autónoma por el alquiler de la planta de Escombreras.

El contrato firmado en 2006 con la sociedad del grupo ACS propietaria de la planta obliga a la Administración regional a seguir pagando aunque las instalaciones no estén en producción, tal y como ha venido ocurriendo en los últimos años a causa de las restricciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura a los regantes que compran el agua desalada. Durante el año 2023 la producción apenas ha alcanzado el 10% de su capacidad.