Piden doce años de prisión para los cuatro acusados de estafar a un matrimonio en Murcia

Este martes, a partir de las 10.00 horas, en la Audiencia Provincial de Murcia, comienza el juicio para los cuatro acusados de estafar a un matrimonio para apropiarse de una finca a través de un procedimiento de venta y cambio de titularidad.

Los hechos se remontan a febrero de 2011, cuando el acusado, mayor de edad y con antecedentes penales por conducir sin permiso, como administrador de una empresa inmobiliaria, contactó con el matrimonio, el varón que resulto posterioridad fallecido en 2014 debido a una enfermedad, para vender la finca registral de su propiedad, de 142,48 metros cuadrados.

A tal efecto, el 8 de febrero de 2011, quedaron en una notaría de Madrid, en donde formalizaron una escritura de opción de compra a favor de la mercantil del acusado, fijándose como precio global de la finca 232.000 euros.

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El referido acusado se puso en contacto con él también con otro casado, mayor de edad y sin antecedentes penales, quienes guiados de ánimo de enriquecimiento injusto idearon la manera de apoderarse citado inmueble, utilizando el poder que al primero se le había concedido, sin contraprestación alguna, o como mínimo con la mitad de su valor.

A tal efecto, ambos decidieron hacer una venta intermedia para lo cual contactaron con el acusado, mayor de edad y condenado por estafa y apropiación indebida en sentencias firme, quien en representación de otra mercantil, de la que era administrador. En virtud de escritura pública que adquirió la referida finca por precio de 120.000 euros (la mitad del valor en que se había valorado en la opción de compra), cuyo pago quedó enteramente aplazado con un primer pago de 3000 euros. El resto, 117.000 euros, mediante pagos de periodicidad semestral por importe cada uno de 3000 euros.

El 23 de junio de 2014 se transfirió a la cuenta de la propietaria, la cantidad de 3.000 euros en efectivo por parte del acosado, de todo lo cual desconocía la referida, siendo la única cantidad que ha percibido está por su vivienda.

Tres meses después, en virtud de escritura pública otorgada en Lorca, de 11 de septiembre de 2014, en representación de su mercantil, conforme al acuerdo previo antes referido, vendió la misma propiedad a una tercera empresa, acudiendo como representante la acusada, mayor de edad y sin antecedentes penales.

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En connivencia con su padre, adquirió definitivamente el inmueble, haciéndose constar en la escritura que el precio era de 225.000 euros, de la que se hacía transferencia bancaria por importe de 45.000 euros, realizada el 3 de septiembre de 2014 a una cuenta corriente, junto a tres cheques bancarios por importe de 53.952,66 euros cada uno, y él restó retenido por el comprador para cancelación del préstamo (16.787,16 euros) y cancelación de hipoteca (1.354,84 euros). El destino final de tales importes no se ha determinado todavía.

Finalmente, en virtud de escritura de 20 de junio de 2015, otorgada en Totana la referida finca fue adquirida por una cuarta mercantil.

Para la Fiscalía los hechos relatados son constitutivos de un delito de estafa agravada por el valor de defraudación contemplada en los artículos 248 y 250.5º del Código Penal. Por ello, pide para los cuatro acusados, penas de 3 años de prisión para cada uno de ellos, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas.

En cuanto a responsabilidad civil, los acusados solidariamente y sus mercantiles indemnizarán a la propietaria y mujer del fallecido y a los herederos de su marido con la cantidad del valor de la finca.