Las tensiones provocadas por la crisis que vivieron los autónomos hace cuatro años al desencadenarse la pandemia no han terminado. Cerca de 10.000 trabajadores por cuenta propia de la Región podrían verse obligados a devolver el importe de las ayudas por cese de actividad que cobraron durante los años 2020 y 2021 si no consiguen demostrar que sufrieron una caída de la facturación, según los cálculos de UPTA.

El presidente de esta organización, Eduardo Abad, ha explicado a La Opinión que no han surgido problemas con las prestaciones que se concedieron en las dos primeras convocatorias motivadas por la covid, dado que coinciden con periodos de confinamiento o de fuertes restricciones en la actividad económica que se aplicaron de forma generalizada, pero no ocurre lo mismo con las ayudas correspondientes a la última etapa de la crisis sanitaria.

Abad precisa que a raíz del informe emitido por el Tribunal de Cuentas sobre las ayudas por cese de actividad de los años 2020 y 2021 se está produciendo una depuración de las solicitudes, que obliga a gran parte de los beneficiarios a tener que aportar información adicional para subsanar las carencias detectadas o a devolver el dinero. «El problema es que no siempre pueden demostrar que sufrieron una caída de las ventas», precisa.  En otros casos la discrepancia se ha producido «porque no hay coincidencia con los datos fiscales».

Da por hecho que el mismo problema se planteará cuando llegue el momento de fiscalizar las ayudas concedidas por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos, dado que se abonaron «con fondos europeos».

Propone que «se fraccionen los reintegros en cómodos plazos de al menos 24 meses y sin intereses» y ha pedido una reunión urgente con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social «para tratar de establecer un criterio razonable en los procedimientos de reintegro».

Según sus cálculos, en la Región se acogió a las ayudas por cese de actividad en torno al 65% de los trabajadores por cuenta propia, que en aquel momento ascendían a unos 100.000.

De los 65.000 que cobraron las prestaciones, según sus estimaciones, Abad calcula que en torno al 15% está teniendo problemas para justificar que sufrió una caída de la facturación, de acuerdo con los criterios que está aplicando el Tribunal de Cuentas en la fiscalización de las ayudas concedidas por el Gobierno central.

Hay por tanto cerca de 10.000 trabajadores por cuenta propia en la Región que pueden verse obligados a demostrar que reunían las condiciones exigidas para ser beneficiarios y que, en caso contrario, tendrían que devolver el dinero.  UPTA estima que en toda España hay unas 255.000 prestaciones «que podrían ser reclamadas por no cumplir los requisitos». 

La prestación podía ser solicitada por cualquier trabajador por cuenta propia inscrito en el RETA que se vio afectado por el cierre de negocios debido a la declaración del estado de alarma o cuya facturación bajara un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior.

Eduardo Abad considera que las reclamaciones las que se enfrentan los beneficiarios están motivadas por «la falta de coordinación en los criterios que cada una de las mutuas de accidentes de trabajo establecieron para la concesión, unido a un asesoramiento incorrecto a los autónomos, que en un momento de desesperación decidieron realizar la solicitud». 

Apunta que gran parte de los solicitantes «desconocía cuáles eran los requisitos para su correcto otorgamiento y justificación».

No obstante admite que «muchas de las solicitudes incumplían de antemano los requisitos necesarios, pero se tramitaron por parte del autónomo».

En la Región se presentaron 95.310 solicitudes. De ellas, 87.881 fueron concedidas y 7.429 resultaron denegadas, según los datos de las mutuas. El porcentaje de peticiones reconocidas alcanza el 92,21%. En España es algo inferior (90,63 %).

En total, los autónomos murcianos recibieron 239,3 millones de euros. En toda España las ayudas abonadas rozaron los 8.000 millones. 

El presidente de UPTA da por hecho que «aquellas solicitudes que han sido requeridas para subsanación y cumplen con los requisitos se tienen que resolver favorablemente, pero nunca defenderemos las resoluciones denegatorias que, desde su origen, no cumplían con la legislación correspondiente».  

También critica a quienes, «de forma intencionada y a sabiendas del incumplimiento, han asesorado y tramitado los expedientes ante las mutuas correspondientes, mercantilizando una situación desesperada para miles de autónomos».