Siete ganaderías de la Región reclaman tres millones al cártel de la leche

Las siete principales ganaderías de la Región se han unido a la reclamación contra las grandes compañías lácteas del país integradas en el llamado cártel de la leche de vaca, a las que demandan más de tres millones de euros que habrían cobrado de menos por la venta de su producción entre 2000 y 2013. Así lo anunciaron ayer los despachos BGI-LAW y Lidiare, que serán los encargados de tramitar las demandas de los ganaderos murcianos contra las grandes compañías lecheras acusadas de intercambiar información sobre sus volúmenes de compra y sobre los excedentes para imponer los precios con el fin de pagar menos dinero a los productores por cada litro de leche.

Según han informado ambos despachos, los 900 ganaderos que se han unido a la demanda contra el cartel de la leche cuentan con alrededor de 72.000 vacas en toda España, principalmente en Galicia, Castilla y León, la Región y la provincia de Cáceres.

De acuerdo con sus cálculos, «una explotación ganadera de unas 100 vacas podría recuperar en torno a los 315.000 euros en el caso de que hubiera estado vendiendo la leche a alguna de las empresas implicadas en el cartel durante los 10 años que duró el fraude». A esta cantidad habría que añadir «los intereses a computar desde cada suministro, con lo que, teniendo en cuenta que el cártel comenzó a funcionar en el año 2000, se podría estar hablando de intereses acumulados de alrededor del 80%, dependiendo del caso concreto». Así, estiman que algunos ganaderos podrían recuperar hasta 600.000 euros. 

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional confirmó el pasado mes de febrero la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de julio de 2019 en la que se establecía que ocho empresas lácteas, entre las que figuran Pascual, Danone, Lactalis, Nestlé, Puleva y Capsa, junto con Celega, Schreiber y dos gremios regionales de Catalunya y Galicia, formaron un cártel para intercambiar información comercial sensible para coordinar la compra de leche en España.

El Tribunal considera acreditado que con estos intercambios de datos sobre precios y otras condiciones comerciales entre empresas competidoras del sector lácteo se redujo «el nivel de incertidumbre entre ellas, con la consiguiente disminución de la competencia y del poder de negociación de los ganaderos, con el fin de controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca».  

La Audiencia Nacional ratifica que existió concertación entre  2000 y 2013, lo que dio lugar a una infracción muy grave, y estableció multas millonarias para las compañías integrantes del cártel que compartieron información sobre volúmenes de compra a los ganaderos y excedentes de leche». 

Según se recoge en la resolución de la CNMC, este intercambio «permitía a las empresas ajustar su comportamiento y evitar ofrecer mejores precios y condiciones comerciales a los ganaderos, limitando la competencia en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda. Como consecuencia de ello, los ganaderos carecían de libertad para fijar el precio de su producto y la empresa a la que suministraban, distorsionando el normal funcionamiento del mercado en beneficio de los transformadores».

El despacho BGI-LAW reclama a las empresas implicadas en el conocido como cártel de la leche más de 375 millones para los más de 900 ganaderos a los tramitan sus demandas. Calcula que se comercializaron más de 12.000 millones de litros de leche sobre los que se reclama el 10% del precio total de venta, ya que, se estima, «que esa era la cantidad afectada por la rebaja».

La Audiencia impone multas por valor de 28 millones a cinco compañías

Las multas impuestas por la Competencia a ocho compañías y dos asociaciones de empresas lácteas de Galicia y Cataluña que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca por su actuación entre los años 2000 y 2013 superó los 80,6 millones de euros.

La Audiencia Nacional ha impuesto 28 millones a cinco empresas y ordena a la CNMC recalcular las multas en el caso de otras cuatro por periodos prescritos. La Sala ha rechazado el argumento de las firmas sancionadas que las consideran arbitrarias. Defiende que están motivadas y no resultan desproporcionadas.