UPA Murcia denuncia el "asedio normativo" al que se enfrentan las granjas porcinas y avícolas

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) solicitó al Consejo de ministros que modifique la propuesta aprobada por el Parlamento Europeo la pasada semana sobre las emisiones generadas por las instalaciones industriales que, aseguran, afectará negativamente a más granjas porcinas y avícolas de pequeño y mediano tamaño, es decir, al modelo de producción familiar.

Explican que la normativa de emisiones afectará a granjas de más de 150 reproductoras o más de 1.160 plazas de cebo en el caso de porcino, respecto a las 750 reproductoras o 2.000 plazas de cebo de más de 30 kilos de la actualidad. En la Región de Murcia supondrá que unas 200 explotaciones requerirán de la Autorización Ambiental Integrada (AAI).

Mientras que, para las granjas productoras de huevos, el nuevo límite se establece en 21.400 gallinas ponedoras, frente a las 40.000 de las normas actuales, es decir, al 25% de estas explotaciones en la Región. Respecto a las explotaciones de carne avícola, serán el 20% de las explotaciones las que tendrán que adaptarse a la nueva normativa. 

Para Carlos Esparcia, secretario de ganadería de UPA en Murcia la primera preocupación es el coste económico al que se enfrenta los ganaderos, especialmente los avícolas que están en un proceso de reconversión continua por el cambio legislativo y de los hábitos de consumo. A lo que hay que añadir una evidente preocupación por las AAI.

«Puede suponer un colapso de la Consejería de Medio Ambiente por el aluvión de expedientes», vaticina un Esparcia que recuerda que, en tiempo medio, la tramitación de esta autorización puede ser de unos cinco años y que incluso se han visto casos de diez años de tramitación. Lo que supondría que los ganaderos tengan que bajar su producción hasta obtener esa Autorización Ambiental Integrada.

Explican, además, que la UE plantea también en su nuevo texto que cualquier ampliación o cambio sustancial en las granjas se someta a consulta pública. Para el sector es una oportunidad para que grupos contrarios a la ganadería impidan esas autorizaciones calificándolas como “macrogranjas”, cuando en la mayor parte de los casos se trata de granjas familiares.

Eso supondría, dicen, que se podrían negar las autorizaciones administrativas para que se realicen las adaptaciones necesarias para adaptarse a las normas que la UE tiene previstas modificar, como las de bienestar animal, entre otras. En este sentido hay que recordar que las granjas avícolas están realizando un esfuerzo ingente para la transformación del sistema de jaulas acondicionadas a sistemas alternativos.