Política

La reforma de la Ley de Extranjería, nueva fisura en el Gobierno regional

Vox se opone al reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas

Desde Vicepresidencia critican las "nocivas políticas de efecto llamada" y apuestan por la "devolución inmediata"

Un grupo de personas pasea por el entorno del Hospital Naval.

Un grupo de personas pasea por el entorno del Hospital Naval. / Loyola Pérez de Villegas

Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

La propuesta de modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería tiene visos de provocar una nueva fisura en el Gobierno regional, después de la herida abierta por la reforma de la Ley del Mar Menor registrada por Vox.

Pese a que las competencias en esta materia son del Estado, el nuevo portavoz nacional del partido de Santiago Abascal, José Antonio Fúster, dijo en una rueda de prensa celebrada el pasado lunes que «en los gobiernos autonómicos en los que esté Vox» no se va a permitir que se trasladen inmigrantes «que ha entrado en nuestro país de forma ilegal», en referencia al reparto de personas desplazadas que llegan en embarcaciones a las Islas Canarias.

«No podemos caer en el falso buenismo», dijo Fúster, que añadió que el «eje fundamental de acción de gobierno» de su formación es la seguridad. «No vamos a colaborar jamás con las mafias del tráfico de seres humanos», afirmó.

Estas declaraciones se produjeron después de conocerse que el Gobierno de España y el de Canarias avanzaron la semana pasada en una solución para la distribución de las y los menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, de forma que se logre ese ansiado reparto vinculante que el Ejecutivo canario lleva solicitando al Estado desde hace meses.

Dos semanas antes, el Parlamento de las islas reclamaba al resto del país que se procediera a un reparto «objetivo, equitativo y cuantificable». Solo Vox se opuso.

El discurso nacional contra la distribución de estas personas es secundado por los cuadros murcianos, que aseguran que «el reparto de inmigrantes llegados ilegalmente a Canarias constituye una estafa para los españoles».

Fuentes de la propia Vicepresidencia del Gobierno murciano afirman que «asistimos a una crisis inmigratoria gravísima» y consideran que, «mientras no se ponga fin a las nocivas políticas de efecto llamada y al negocio de la inmigración ilegal, seguiremos sufriendo esta terrible oleada contra la que se necesita valentía para adoptar medidas urgentes para la devolución inmediata de los inmigrantes llegados ilegalmente».

Acusan al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de estar «alimentando el efecto llamada, fomentando la inmigración ilegal y la importación de inseguridad y delincuencia». Además, dicen que «Feijóo colabora en esta estafa prestándose al reparto de los inmigrantes por las distintas regiones de España».

Desde Vox en la Región de Murcia exigen que el Partido Popular se comprometa a que no haya «ningún tipo de colaboración con el plan de inmigración masiva del Gobierno de Pedro Sánchez» porque «atenta directamente contra la seguridad de nuestros barrios y familias».

Consultada ayer por esta Redacción, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, dirigida por al dirigente popular Conchita Ruiz, declinó hacer declaraciones al respecto, de la misma forma que el PP regional tampoco quiso valorar la postura de Vox y de la Vicepresidencia.

Según ha podido saber La Opinión, el próximo lunes se desplazará a Cartagena José Ángel Antelo, vicepresidente regional y presidente provincial de Vox, para reunirse con miembros del Ayuntamiento y reafirmar su rechazo al reparto de inmigrantes y al mantenimiento del campamento provisional del Hospital Naval, así como del CATE (Centros de Atención Temporal de Extranjeros).

El Naval seguirá abierto mientras se siga necesitando

Las instalaciones del Hospital Naval de Defensa en Cartagena continuarán abiertas en el marco de la emergencia dependiendo de la situación de previsiones y llegadas a costas, informaron a este periódico desde el Gobierno de España.

Este campamento temporal se puso en funcionamiento en el marco de la declaración de emergencia realizada por la Secretaría de Estado de Migraciones en octubre de 2023 para garantizar la atención humanitaria de personas llegadas a las costas canarias y la solidaridad interterritorial. Si bien en un principio se puso fecha para el cierre (final de mes), la declaración se ha ampliado en varias ocasiones porque la situación de incremento de llegadas a las costas canarias se ha mantenido, explican.

"El patriotismo también es solidaridad y apoyarse entre territorios"

La oposición de Vox al traslado a la Región de Murcia de inmigrantes llegada a las Islas Canarias fue ayer muy criticada por los partidos de izquierda, ya que entienden que la postura de los de Santiago Abascal atenta contra el principio de solidaridad reflejado en la Constitución Española.

«Vox alardea de patriotismo, pero el patriotismo también es solidaridad y apoyarse entre territorios. Por ejemplo, en comunidades como la nuestra, que están en la costa, necesitan que otras regiones colaboren en la atención y apoyo a las personas que llegan a nuestro país», explicó ayer el secretario general de los socialistas murcianos, José Vélez, que afirmó que «es falso que estén llegando más personas a nuestras costas por un efecto llamada».

Desde el PSOE regional explicaron que «los fenómenos migratorios se han dado siempre a lo largo de la historia», pero opinan que «en el partido de Abascal son unos xenófobos y unos racistas, que usan el drama humanitario de estas personas para sembrar odio y hacer política basura».

Muy crítica con Vox fue también la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín. «Es un disparate más de Vox, por un doble motivo. Por una parte, no podemos olvidar que estamos hablando de seres humanos que huyen de la guerra y el hambre, muchas veces menores. Nadie se juega la vida subiendo a una barcaza en alta mar por gusto. Pero, además, sería una medida tremendamente dañina para territorios como las Islas Canarias o la propia Región de Murcia, que son zonas de llegada. Si hubiera una reactivación de las rutas que llegan a la costa de Cartagena desde Argelia, Túnez o Libia se puede crear una auténtica olla a presión por culpa de Vox y sus locuras xenófobas», señaló la diputada morada.

«A nosotros más que a nadie nos interesa que esos migrantes se redistribuyan desde Murcia a otras regiones donde haya suficientes recursos para atenderlos», declaró ayer a La Opinión.

El peligro del Constitucional

La reforma de la Ley de Extranjería puede que no sea suficiente para zanjar definitivamente el problema, pues existe la posibilidad de que algunas comunidades autónomas consideren que las migraciones no son competencia suya e interpongan recursos al Tribunal Constitucional, que deriven en la solicitud de medidas cautelares y consigan dilatar el proceso de las derivaciones.

El portavoz del PSOE en la Cámara de Canarias, Sebastián Franquis, cree, no obstante, que el asunto está «encauzado» y celebró las «coincidencias» entre las administraciones que negocian. «La solidaridad había que convertirla en ley, porque no estaba funcionando. Toca insistir al resto de fuerzas, especialmente al Partido Popular, para que se pronuncien con claridad sobre si van a aprobar la reforma», señaló hace unos días el portavoz socialista.

La Región atiende a 1.458 personas en dependencias del Estado

A día de hoy, en la Región de Murcia se atienden a un total de 1.458 personas en instalaciones dependientes de la Administración General del Estado, informan a esta Redacción fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones, perteneciente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta cifra está por debajo de la capacidad que tiene la Región para hacerse cargo de personas migrantes.

El Programa de Atención Humanitaria del Gobierno de España tiene un carácter integral; es decir, que atiende indistintamente a personas llegadas a cualquiera de las costas del territorio español, por lo que no es posible saber, aseguran, cuántas personas que se encuentran en la Comunidad fueron trasladadas desde Canarias. De las 1.458, personas, 730 están en Cartagena.

Desde la Delegación del Gobierno de España en la Región explican que las cifras varían mucho en cuestión de horas, ya que los migrantes son personas libres una vez que entran en nuestro sistema de acogida. En total, en los recursos del Ministerio repartidos por todo el territorio hay actualmente 49.646 personas acogidas. Es una red flexible que se adapta tanto a las llegadas como a las necesidades de cada territorio.