El Senado aprueba remitir al Congreso una reforma de la Ley de Costas para salvar de la demolición a 400 viviendas en la Región

El Senado aprobó ayer la toma en consideración de la Proposición de Ley para modificar la normativa de costas, que tiene el objetivo de salvar de la demolición las viviendas en primera línea de playa de los núcleos tradicionales, decenas de miles en toda España y cerca de 400 inmuebles en la Región de Murcia.

La proposición salió adelante con el voto a favor de 153 senadores: los 143 del Grupo Popular; cuatro del Grupo Plural de Junts y Agrupación Herreña Independiente; tres del Grupo Izquierda Unida (uno del senador de la Agrupación Socialista Gomera, uno de Más Madrid y uno de Coalició Compromís) y los tres votos a favor restantes, del Grupo Mixto (uno de Unión del Pueblo Navarro y dos de Vox).

Hubo 96 votos en contra: del Grupo Socialista (89), del Grupo Parlamentario Vasco (6) y del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (1). Y un total de 10 senadores se abstuvieron, ocho del Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia, uno del Grupo Parlamentario Plural --en concreto de BNG-- y uno del Grupo Parlamentario Plural.

Los promotores de esta iniciativa, entre ellos el senador Francisco Bernabé, consideran que, a la vista de estos resultados, la norma tiene "muchas posibilidades" de salir adelante en el Congreso.

Entre las casas que se ven amenazadas por la demolición y la confiscación que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez, algunas con más de un siglo de historia, se encuentran inmuebles de Los Nietos, Puntas del Calnegre, Playa de Nares en Mazarrón y Playa del Levante en Cabo de Palos.

Tal y como explicó en su momento Bernabé, las viviendas que se quieren proteger con una nueva disposición adicional a la Ley de Costas no son nuevos desarrollos o ‘pelotazos urbanísticos’ sino que deben cumplir ciertos requisitos: poseer ciertos valores históricos, culturales o etnográficos, que esos núcleos estén totalmente imbricados con el entorno o paisaje que les rodea y que existan con carácter previo a la promulgación de la Ley de Costas de 1988, es decir, que tengan todos sus derechos de propiedad consolidados antes de que se empezaran a ejecutar los nuevos deslindes del dominio público marítimo terrestre promovidos por el Gobierno central.

Por parte del Grupo Socialista, el senador José Valbuena destacó en su turno en contra que esta propuesta «no arregla y no resuelve el problema que existe a lo largo de los 8.000 kilómetros de costa que tiene España», aunque señaló, sin embargo, que es un tema que tendrá que ser abordado. Valbuena indicó al respecto que no es mediante modificaciones de la ley de Costas, que es en lo que consiste esta propuesta de los populares, sino con un articulado y con un conjunto de medidas «que tienen que atajar verdaderamente ese problema de manos de los territorios autonómicos y de las administraciones locales competentes en la ordenación del territorio».

Cabe recordar que ya en la pasada legislatura los populares impulsaron la modificación de la Ley de Costas en la Asamblea Regional y en el Congreso. Ahora, la proposición de Ley en el Senado ha tomado el relevo con mucha fuerza, y partir de aquí sólo cabe esperar los trámites para que la propuesta llegue de nuevo al Congreso, donde el PP espera conseguir el apoyo de otras formaciones, como ha ocurrido en el Senado.