Fulgencio Perona declara como investigado por un delito contra el Medio Ambiente

Fulgencio Perona, actual concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, declara como investigado este martes en el Juzgado de Instrucción nº4 por un delito contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente de su etapa como director general de Medio Natural. El caso reside en la aprobación de las órdenes de caza de las temporadas 2019/2020 y 2020/2021 sin la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Además, el que fuera director general de Medio Ambiente, Francisco Marín Arnaldos, también declarará como testigo.

Perona elevó una propuesta de orden para los periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021 sin cumplir la obligación de impacto de la Orden de Vedas de la Red Natura 2000. Lo hizo el 11 de marzo de 2020 y, dos meses después, el informe del Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería confirmó que la EIA era preceptiva, es decir, obligatoria, por lo que la norma no se debía aprobar sin la evaluación. 

«La ausencia de este trámite preceptivo, cuya omisión determina la invalidez y el carácter insubsanable del procedimiento afectado motivó que el proyecto de Orden de Vedas de caza de la temporada 2019-2020 fuese informado desfavorablemente por este Servicio Jurídico. Como quiera que en esta ocasión se han iniciado los trámites de evaluación, pero no se han concluido, el pronunciamiento de este informe debe ser el mismo mientras no se cumpla este requisito», sentenciaba el informe jurídico. 

Pese a la contundencia del informe, tres días después el consejero de Agricultura, Agua, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, firmó y aprobó la orden sobre Periodos Hábiles de Caza para la temporada 2020/2021 apoyándose, explica la denuncia, en «supuestas razones de urgencia». 

Tras eso, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) solicitó una copia del expediente completo y, diez días después de la solicitud, el director general de Medio Ambiente, Francisco Marín Arnaldos, firmó el informe de impacto ambiental. La denuncia de ANSE y de Ecologistas en Acción, representadas por el abogado Ginés Ruiz Maciá, también estaba dirigida contra los consejeros Antonio Luengo y Javier Celdrán, responsable del área el año anterior en el que tampoco se obtuvo la EIA.