Las leyes para proteger el Mar Menor no acaban de despegar

Más de tres años después de la aprobación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor de la Comunidad Autónoma se crea uno de los órganos de Gobernanza de la laguna: la Comisión Interadministrativa para este entorno natural, formada por representantes de la Administración General del Estado, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de los ayuntamientos, con el objetivo de coordinar y cooperar institucionalmente a la hora de ejecutar las políticas y actuaciones públicas que afecten a la laguna.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera , viene hoy a la Región para firmar el acuerdo. El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, aseguró ayer en San Pedro del Pinatar que se siente «satisfecho» con la creación de este Comité y que la reunión con la ministra será «fructífera» y «cordial». Está previsto que, después de una visita al Mar Menor, firmen la creación de la Comisión en el Palacio de San Esteban.

No es solo la Comisión Interadministrativa, faltan más órganos de Gobernanza que poner en marcha marcados por la propia ley: el Consejo del Mar Menor, el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor (el actual es anterior a la norma), la Comisión Interdepartamental del Mar Menor y la Coordinación entre Administraciones Públicas (unas directrices de cooperación).

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) aprobada en septiembre para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor también está atascada. Fuentes de Ministerio para la Transición Ecológica explican a este medio que todavía «no hay fecha» para aprobar en Consejo de Ministros el reglamento necesario para permitir también la creación de tres comités que pondrían en marcha la ILP: un Comité de Representantes, compuesto por miembros de las Administraciones Públicas que intervienen en este ámbito y de la ciudadanía de los municipios ribereños; una Comisión de Seguimiento (los guardianes o guardianas de la Laguna del Mar Menor); y un Comité Científico, del que formará parte una comisión independiente de científicos y expertos, las universidades y los centros de investigación.

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El Comité Científico

El Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor actual se aprobó en 2016 tras el primer episodio de anoxia, popularmente conocido como ‘la sopa verde’ y el Gobierno regional sigue contando con él, aunque en el 2018 y el 2019 lo abandonaron varios de sus miembros «por la falta de autonomía y dependencia política». El Comité ha seguido funcionando y dando el visto bueno a medidas, como la retirada de lodos en cuatro playas del Mar Menor, por lo que para la Comunidad está ya creado.

Para Ecologistas en Acción, el actual «nunca fue un comité científico» y cree que se debe seguir el modelo de otros países europeos en el que el órgano está formado por científicos de reconocido prestigio, con un reglamento de funcionamiento, reuniones periódicas y que estudiase las medidas que toma la Administración, explica Pedro Luengo. «El Comité Científico no debe ser un grupo de gente con batas detrás del consejero o del presidente cuando dicen lo que van a hacer, tiene que servir para participar en la toma de decisiones y para focalizar dónde están los problemas principales», señala.

«El Comité Científico se ha quedado como una cosa menor, no como debe constituirse según la Ley», explica Celia Martínez, del Pacto por el Mar Menor. Sobre las normativas, recalca que «no solo es lo difícil que es aprobarlas, sino ejecutarlas». Califica la situación de «pesadilla», pues cree que el enfrentamiento entre Administraciones perjudica la mejora del Mar Menor y que existe cierta confusión sobre las medidas adoptadas, si es del Ministerio de Transición Ecológica o de la CARM, poniendo como ejemplo que los dos organismos han creado un gemelo digital del Mar Menor. Asegura que a nivel de ciudadanía hay una sensación de «impotencia» pues piensan que la clase política tiene «escaso conocimiento del ecosistema y su funcionamiento, se rigen por dogmas de partido y económicos y así es difícil que se coordinen». Luengo piensa que la Comunidad «ha perdido mucho tiempo» a la hora de poner en marcha partes importantes de la Ley del Mar Menor. «Encima ahora tiene la amenaza de Vox de intentar modificarla a la baja», señala.

Para Carol Rivière, de Pacto por el Mar Menor, "en la personalidad jurídica los únicos que siguen creyendo en ella son las personas que sacan ventajas vendiendo la. Todo los demás ya no creen en ella". También cree que hay una desorganización total, nadie sabe cuánto dinero se ha gastado ya, de dónde viene el dinero, etc.", señala.