El Consejo de la Transparencia se encamina a su desaparición

El Consejo de la Transparencia, que ha cumplido un año en la interinidad, con una presidenta suplente, se encamina a su desaparición. El Gobierno regional, que ha asignado a Vox la decisión sobre este órgano encargado de supervisar las prácticas de buen gobierno en la Comunidad Autónoma, tal y como se recogía en el pacto de investidura de Fernando López Miras, pretende reconvertirlo en una figura similar a la del Defensor del Pueblo. El Parlamento autonómico ha constituido una ponencia que redactará la reforma de la ley regional por la que se ha regido desde su constitución en el año 2015.

El vicepresidente del Ejecutivo regional, José Ángel Antelo, se propone «refundir» el Consejo de la Transparencia con la institución del Defensor del Pueblo, para crear un nuevo órgano con competencias regionales y municipales, que actúe como «un elemento de crítica constructiva». 

Por su parte, la presidenta suplente de esta institución dependiente de la Asamblea Regional, Juana Pérez, que está al frente del Consejo desde que el Ejecutivo eliminó el registro que permitía a este órgano disponer de su propio portal, ha acusado a los grupos políticos de la Asamblea Regional, en una entrevista publicada por La Opinión, de «hacer dejación de sus obligaciones» al no nombrar a sus nuevos representantes en el Consejo de la Transparencia.

El PSOE le ha contestado que en varias ocasiones ha reclamado la convocatoria de un pleno del Parlamento autonómico para renovar a los representantes de los grupos parlamentarios, pero la Junta de Portavoces ha rechazado su propuesta con los votos del PP y Vox.

Por su parte, Podemos responde que «Juana Pérez sabe perfectamente que es el PP, primero con los tránsfugas de Ciudadanos y ahora con Vox, el que ha impedido votar en la Asamblea Regional a un nuevo presidente o presidenta. También que el pacto de gobierno entre el PP y Vox supone la eliminación de un Consejo de la Transparencia independiente, que va a ser diluido bajo la figura del Defensor de Pueblo, un puesto hecho a la medida para pagar a la ultraderecha por su apoyo».

La Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional constituyó una ponencia el pasado mes de octubre y encargó un informe a los Servicios Jurídicos del Parlamento «sobre las distintas situaciones que existen en las comunidades autónomas en las que se conjuguen las figuras del Consejo de la Transparencia y del Defensor del Pueblo». A partir de esta información se redactará la reforma del Consejo de la Transparencia, que se constituyó en 2015 presidido por José Molina.