Acusan a las eléctricas de poner trabas a las plantas solares compartidas por los vecinos

Las comunidades de vecinos de la Región que quieren generar su propia electricidad y disponer de una planta fotovoltaica para alimentar sus viviendas y los servicios comunes de los edificios tropiezan con «los obstáculos y las dilaciones de las compañías eléctricas que tratan de desalentar el autoconsumo colectivo», según denuncia Greenpeace con motivo de la celebración del Día Mundial del Ahorro de Energía. También la patronal de las Empresas de Energías Renovables asegura que la tramitación de los proyectos para instalación de uso colectivo resulta muy compleja y puede llegar a alargarse hasta un año.

Greenpeace ha puesto en marcha una campaña para denunciar «el bloqueo» a las solicitudes de las comunidades de vecinos que se produce en las oficinas Iberdrola, Endesa y Naturgy de trece ciudades españolas, entre las cuales está incluida Murcia. En la lista figuran también A Coruña, Palma de Mallorca, Girona, Pamplona, Almería, Bilbao, Cádiz, Córdoba, Málaga, Granada, Valladolid y Zaragoza.

La organización ha elaborado un informe en el que plantea el riesgo de que «el autoconsumo se convierta en algo excepcional que sólo unos pocos puedan llevar a cabo, desaprovechando así los recursos naturales que como país privilegiado tenemos», sin que pueda beneficiarse del autoconsumo «todo el tejido empresarial, industrial y social».

María Prado, responsable de Clima, Energía y Movilidad en Greenpeace, ha explicado que las comunidades de vecinos que quieren poner una instalación para autoconsumo eléctrico colectivo se encuentran con «obstáculos y dilaciones, además de descoordinación» en las autorizaciones e inspecciones para poner en marcha la conexión o activar la instalación». Estas dificultades llevan a que «el 99% de las instalaciones que hay en marcha sea de autoconsumo residencia individual y de autoconsumos industriales sin excedentes; es decir, sin inyección a la red, que no requieren de procesos de acceso y conexión», se indica en el informe.

Añade que «la realidad es muy diferente a lo que encontramos en el Boletín Oficial del Estado» debido a «las dificultades que ponen las empresas distribuidoras para la activación de los autoconsumos colectivos y para el proceso de acceso y conexión a la red. Estas dos cuestiones son los principales frenos para el desarrollo del autoconsumo: barreras en los procesos de las distribuidoras».

Entre los principales obstáculos, destacan «la imposición de obligaciones sin respaldo legal o solicitud de información improcedente» y «la falta de coordinación y retrasos en las visitas de técnicos» que deben inspeccionar las instalaciones, así como «irregularidades en la facturación» 

Ante las dificultades, Greenpeace acusa a la compañía responsable de la distribución eléctrica en la Región, la empresa Iberdrola, de «poner en peligro la expansión del autoconsumo y de impedir una transición energética» desanimando a las comunidades de vecinos que tratan de poner en marcha proyectos de autoconsumo colectivos. «Lo que consiguen es que la gente no lo intente», afirma María Prado.

Añade que las mismas dificultades se las encuentran «las comunidades de energías renovables», en las que participan no solo vecinos, sino también instituciones públicas, como los ayuntamientos y otros colectivos, que tratan de montar unas instalaciones fotovoltaicas para generar su propia energía eléctrica. 

En la Región existe una experiencia en el municipio de Bullas y también hay iniciativas para constituir comunidades energéticas aprovechando los tejados de los colegios para instalar plantas fotovoltaicas.  

El presidente de la Asociación de Asociación Empresarial de Energías Renovables (Aremur), Francisco Espín, también señala que la tramitación de los proyectos para la generación colectiva resulta demasiado larga y compleja. Según sus estimaciones, el proceso puede alargarse hasta un año. Francisco Espín explicó que Aremur «tiene una mesa de trabajo con Iberdrola» para tratar de agilizar los procedimientos.

Iberdrola no ha contestado a las acusaciones de Greenpeace, aunque el pasado mes de junio informó de que «había conectado más de 30 autoconsumos colectivos a la red de distribución de la Región de Murcia, tras duplicar las solicitudes en un año».

El Ministerio quiere prohibir las plantas solares en terrenos de regadío

Los administradores de fincas dicen que el gasto se amoriza en tres años

Los administradores de fincas reconocen que la tramitación de las instalaciones fotovoltaicas de uso colectivo promovidas por las comunidades de vecinos se vuelve más «farragosa» cuando la planta se instala con el objetivo de suministrar electricidad también a las viviendas y de verter a la red de distribución de Iberdrola la energía no consumida, pero consideran que, a pesar de las dificultades, «merece la pena». El portavoz del Colegio de Administradores de Fincas de la Región, Antonio Ruiz, aconseja poner "todas las placas solares que quepan en las terrazas o en las cubiertas de los edificios", dado que «van a tener una vida útil de 25 años, pero la inversión se amortiza en tres años».

Antonio Ruiz explica que el recibo de la luz de algunas comunidades de vecinos «ha llegado a multiplicarse por cuatro» en los momentos en que la energía eléctrica alcanzó los precios más elevados a raíz de la invasión de Ucrania, cuando se disparó el precio del gas natural que alimenta las plantas de ciclo combinado.

Recuerda que en muchos edificios fue necesario convocar juntas extraordinarias de los vecinos para subir las cuotas de la comunidad, porque se habían quedado desfasadas, después de años sin revisión. Por eso considera que las instalaciones fotovoltaicas en los edificios permiten afrontar las crisis que puedan producirse con mayores garantías, dado que «el recibo de la energía eléctrica es uno de los mayores gastos que deben soportar los vecinos».  

El portavoz del Colegio de Administradores de Fincas recomienda a las comunidades instalar todas las placas que puedan con el fin de «obtener energía sobrante que se pueda repartir entre las viviendas, una vez atendidas las necesidades de consumo del ascensor, del garaje, de la piscina o de la iluminación del inmueble».

Asegura que «en poco tiempo las placas solares han alcanzado una gran eficiencia y ofrecen la posibilidad de amortizar la inversión y de conseguir un ahorro a largo plazo».

 Reconoce que la tramitación para conseguir la conexión de las instalaciones a la red resulta más complicada que cuando se trata de poner una planta solar dedicada exclusivamente a alimentar las necesidades energéticas de la escalera o del ascensor de un edificio, sin verter a la red. 

Sin embargo, defiende que incluso en el caso de que se produzcan retrasos y dilaciones, sale a cuenta. «Yo aconsejo a los vecinos que lo pongan. Con las ayudas de la Comunidad Autónoma y la cantidad de instaladores que hay en la Región, merece la pena, porque a partir de los tres o cuatro años todo es beneficio».