Educación

UMU y UPCT negocian con la Comunidad elevar su financiación a los 320 millones de euros

Vázquez plantea un plan plurianual hasta 2028 mientras que la Politécnica teme una intervención de sus cuentas si acaba el año en número rojos

La rectora Miguel y el consejero Vázquez.

La rectora Miguel y el consejero Vázquez. / L.O.

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

La polémica por la escasas financiación de las universidades publicas de la Región de Murcia ha vuelto a resurgir tras aprobar la Politécnica de Cartagena sus cuentas de 2022, donde se refleja un descalabro en las inversiones y una preocupación creciente por el déficit que acumula: 3,5 millones de euros. El consejero de Universidades, Juan María Vázquez, defiende que la Comunidad continúa perfilando un nuevo plan plurianual de financiación (el anterior caducó en 2020), pero este no estaría antes de final de año.

El objetivo que se han marcado tanto la Universidad de Murcia, la Politécnica y la Comunidad es alcanzar el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Región, es decir, hablamos de 320 millones de euros anuales. Esto supondría, si lo comparamos con la financiación que reciben ambas universidad este año, unos 80 millones de euros más al año.

La meta de lograr ese porcentaje del PIB destinado a la financiación de la UMU y la UPCT viene marcado por la recomendación que recoge la nueva ley de Universidades (LOSU), que no obliga a alcanzar esa cifra pero lo recomienda, algo muy criticado por los rectores.

El consejero Juan María Vázquez, quien estuvo ayer acompañado de la rectora de la UPCT, Beatriz Miguel, en un acto en Cartagena, abordó el tema de los problemas económicos en estas instituciones públicas aclarando que el nuevo plan estaría vigente entre 2024 y 2028. "Habrá un compromiso, obviamente, por parte del Gobierno de la Región de Murcia, pero también vamos a pedir un compromiso por parte de las universidades", indicó.

Austeridad

Universidades no pretende cambiar el calendario respecto a la negociación de este plan, ya que busca tenerlo terminado y acordado con la UMU y la UPCT antes de que termine el año, pero no antes. Vázquez escuchó ayer las valoraciones que hizo la rectora de la Politécnica, que describió un panorama económico desolador para su universidad.

"Este año la reducción en inversiones ha caído un 46% y andamos apretándonos el cinturón para no terminar en números rojos". De llegar a esta situación este año, "es el Consejo Social el que tendría que intervenir las cuentas de la Politécnica. Habiendo retirado un 46% de inversión, al Consejo Social le quedan pocos capítulos donde tocar, y el más grande es el de personal".

Miguel reconoció que tras la sesión del miércoles, todos los integrantes del Consejo salieron "muy preocupados". El propio organismo emitió ayer un comunicado donde señalaba que que había aprobado las cuentas de 2022 "por responsabilidad institucional, dada la trascendencia del servicio público que la institución ofrece y fortalecido en su decisión por la política de austeridad en el gasto que la UPCT viene desarrollando a lo largo de los últimos años". También se mostró crítico con la falta de un nuevo plan de financiación.

Una vez esté constituido el nuevo Gobierno regional, el Consejo solicitará una reunión con el presidente para "poder afrontar esta situación de manera conjunta y buscar soluciones".

La cotización por los alumnos en prácticas se retrasa a enero de 2024

Las universidades españolas han logrado que la cotización a la Seguridad Social por los alumnos en prácticas se aplace unos meses. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el retraso de esta medidas hasta enero de 2024. 

La presión de las universidades, entre ellas la UMU, y la del Ministerio de Joan Subirats ha permitido que el Gobierno central ceda. Este pago por las cuotas iba a comenzar el 1 de octubre, un plazo inasumible para las instituciones académicas. El coste tendría que ser asumido por empresas e instituciones donde lleven a cabo la formación prácticas los estudiantes, pero la Universidad de Murcia se ha encontrado con un problema. 

Hasta ahora varios ministerios (Seguridad Social, promotor de esta cotización, Defensa y Consumo) y las consejerías del Gobierno regional han pedido que sea la propia UMU quien pague esta cotización, negándose a cubrir el coste. 

El decreto aprobado por el ministro José Luis Escrivá recoge la posibilidad de que los centros de prácticas pacten con las universidades que sean estas quienes asuman el cargo económico. Esto no ha sentado nada bien en la UMU, que tiene 10.000 alumnos en prácticas curriculares cada año, sobre todo en centros educativos y el SMS.