Critican "las quitas involuntarias" en los pagos de la Comunidad a sus proveedores

El Consejo Económico y Social (CES) critica el retraso en el pago de las facturas a los proveedores de la Comunidad Autónoma y destaca que la morosidad de la Administración regional está causando «quitas involuntarias», motivadas «esencialmente por impagos de intereses de demora». La Croem ya había pedido un plan de pago a proveedores al Ejecutivo regional para afrontar la deuda comercial acumulada.

El órgano consultivo del Gobierno reconoce las dificultades que la deuda con las entidades financieras de más de 11.500 millones de euros genera a la Comunidad a la hora de afrontar sus obligaciones de pago con las empresas que le ofrecen servicios y suministros, pero pide también contención en el gasto para evitar que se dispare el déficit.  

Al igual que viene haciendo la patronal regional Croem, que cifra en 255 millones el importe de las facturas acumuladas por la Administración regional hasta el mes de febrero, el órgano consultivo del Gobierno autonómico reclama «la adopción de protocolos y planes de pago a proveedores para reducir» el plazo de espera de las empresas acreedoras, que ya supera los 80 días. Sin embargo, en febrero de 2022 la deuda de la Comunidad se reducía de 15 millones de euros y el período medio de pago estaba en 4,8 días, según los datos de la patronal. 

«Otra de las debilidades en el desarrollo de las fases del gasto está vinculada al pago a proveedores, aquejado de retrasos y quitas involuntarias -esencialmente, impagos de intereses de demora-, lo que aconseja la adopción de protocolos y planes de pago para reducir el plazo», según se recoge en la Memoria del CES presentada este lunes.

Este órgano también admite las dificultades que el reparto de la financiación autonómica crea a la Región, pero apunta que «la necesidad de mayores ingresos no es óbice para que se pueda contribuir a la reducción del déficit público regional desde el gasto». Su recomendación al Gobierno es hacer «una evaluación de las políticas públicas en la Administración regional», para poder recortar.

El Consejo plantea la necesidad de acabar con «la infrafinanciación» que sufre la Región y demanda «un fondo de nivelación» que permita hacer frente a la deuda mientras se revisa el sistema. Alude también a la condonación de la deuda motivada por la falta de ingresos del Estado.

Pide a la Administración que atienda sin cita previa a los usuarios

La eliminación de las restricciones provocadas por la pandemia una vez superada la crisis sanitaria lleva al CES a demandar también «la derogación» de las normas que obligan a los ciudadanos a pedir cita previa para acudir a los servicios de la Administración. A juicio del Consejo, «en la atención ciudadana se hace más aconsejable que nunca la prestación de servicios de forma presencial e inmediata, lo que requiere la derogación de la obligatoriedad de la gestión digital que pueda existir residualmente».

El Consejo Económico y Social también alerta de las dificultades que encuentran las empresas en la tramitación de los fondos europeos Next Generation, aunque duda de que la Comunidad y los ayuntamientos «cuenten con recursos suficientes para apoyo y asesoramiento en la ejecución y seguimiento».

Destaca «la insuficiencia de información, la lentitud en poner en funcionamiento las plataformas informáticas para su gestión y los atascos burocráticos o simplemente la falta de personal especializado» entre las causas.

En su Memoria de 2022 el CES constata la reducción de la desigualdad que se ha producido en el último año, aunque las diferencias siguen siendo muy acusadas y la Región se mantiene entre las comunidades con mayor riesgo de pobreza. Antonio Jiménez, secretario general de UGT, resaltó la bajada en cuatro puntos del índice que mide el porcentaje de la población regional que no puede cubrir todas sus necesidades básicas. Esta mejora se atribuye al buen comportamiento del empleo y al aumento de los salarios.

El año 2022 arroja un balance positivo, ya que Murcia ha alcanzado un máximo histórico de 650.000 afiliados a la Seguridad Social, según apuntó el secretario general de CC OO, Santiago Navarro. También resaltó la caída del porcentaje de contratos que realizan las empresas de trabajo temporal (ETT) y de la tasa de temporalidad como uno de los efectos positivos de la reforma laboral.

La inflación es considerada «la principal turbulencia de la economía».