Política

Repetición electoral: ¿Amenaza real o farol?

Los expertos consideran que un órdago de este calibre forma parte del proceso de negociación entre el PP y Vox para la investidura del popular López Miras

El adelanto de las generales en plena formación de Gobiernos autonómicos puede tener consecuencias inesperadas

Un hombre vota el 28M en la cabina de un colegio de Cartagena

Un hombre vota el 28M en la cabina de un colegio de Cartagena / IVAN URQUIZAR

Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

La noche del 28 de mayo parecía que estaba todo hecho. El Partido Popular había recibido el 43% de los votos y 21 diputados, a solo dos de la mayoría absoluta, por lo que habían logrado, en principio, su objetivo de alcanzar una «mayoría suficiente» para gobernar en solitario. Pero no

A la mañana siguiente se convocaban unas elecciones generales que sirvieron para enredar las negociaciones en todas las comunidades en donde el pacto se hace necesario y, aunque desde Vox reconocieron en un primer momento que «Murcia no es Valencia» (lo dijo Jorge Buxadé, secretario de Acción Política), poco tardaron en sacar la carta de la repetición electoral si el PP no se sentaba a negociar y les hacía hueco en el Consejo de Gobierno, como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana.  

Solo se han repetido las elecciones nacionales en dos ocasiones, mientras que nunca ha sucedido en las murcianas

¿Puede Vox exigir vicepresidencias o consejerías a cambio de abstenerse en la investidura de Fernando López Miras, el candidato popular que sacó más escaños que toda la izquierda junta? ¿Se atreverán a llevar a todos los murcianos a las urnas por tercera vez en pocos meses si no les dan lo que piden? Hay poca experiencia de repeticiones electorales en España. Solo dos: en 2016 y 2019. Nunca en la Región de Murcia ha sucedido en elecciones autonómicas.

«Es un arma de negociación para presionar y solo se convertirá en algo real si estas negociaciones fracasan», explica el politólogo José Miguel Rojo. Muy pocas veces, tan solo dos reconocidas, se han sentado a hablar PP y Vox en la Región y es que, precisamente, el adelanto electoral de las generales ha provocado que estas conversaciones entre partidos se dirijan sobre todo desde Madrid. «El relato de campaña del Partido Socialista pasa por explotar los pactos entre el Partido Popular y Vox. Eso provoca que las estrategias ya no sean locales», comenta.

El también politólogo Francisco Javier López Carvajal, por su parte, coincide en ver en la amenaza de la repetición electoral una técnica de negociación. No alcanzar la mayoría absoluta equivale, al fin y al cabo, a tener una «minoría absoluta», argumenta. 

La jugada de Sánchez

La jugada de Pedro Sánchez descoloca a la derecha, que anda enfrascada en resolver los procesos de investidura en la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Aragón, Extremadura y la Región de Murcia. Vox no quiere parecer blando y pide acceso a las instituciones de todas las regiones. 

400.000 ciudadanos no votaron en la Región de Murcia el 28M, un número que aumentará en una segunda vuelta

«Sánchez ha conseguido quitar el foco mediático de la derrota del PSOE y meter entre los temas de agenda las consecuencias de los pactos con Vox», afirma Rojo. Por eso se habla de la violencia de género, sin ir más lejos. Como apunta López Carvajal, «nunca habíamos asistido a la formación de gobiernos en campaña electoral. Esto lo distorsiona todo. Por ejemplo, en Murcia debería darnos igual lo que se acuerda en Extremadura. Que nos influya es consecuencia de la estrategia de Moncloa».

Carlos Abad, decano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia (Mupolsoc), también cree poco probable que se produzca una repetición electoral, sin embargo, opina que el que más puede beneficiarse de este discurso es el Partido Popular y no Vox. «El peligro de que los ciudadanos tengan que acudir otra vez a las urnas puede servir al alegato de Feijóo para presentarse el 23 de julio como el líder del voto útil». En clave regional, reconoce que sería muy «osado» por parte de Fernando López Miras provocar este desenlace, pero no lo ve «descabellado» porque es el que más puede beneficiarse. «Acaba de ganar cómodamente unas elecciones y el PSOE está noqueado y no ha tenido tiempo para recuperarse».

José Ballesta y Fernando López Miras se dan la mano, tras la toma de posesión en Murcia

José Ballesta y Fernando López Miras se dan la mano, tras la toma de posesión en Murcia / EFE

La pregunta que hay que hacerse, afirma José Miguel Rojo, no es «a quién puede beneficiar una repetición de las elecciones, sino a quién perjudicará el aumento de la abstención que se pueda producir». El experto pone el foco, además, en la ya baja participación en las citas electorales autonómicas. El 28M, subraya, 400.000 murcianos que estaban llamados a las urnas se quedaron en su casa. Se sabe que entonces fue el electorado de izquierdas el que menos ganas le puso a la fiesta de la democracia, pero después de votar en unas municipales, autonómicas y generales, es bastante probable que, ante unas segundas autonómicas, electores del otro bloque también pierdan la ilusión. En este sentido, el experto pone el foco en la «reducción de legitimidad democrática» que sufren las elecciones conforme la participación va bajando.

«Es difícil prever qué partido se vería perjudicado por la repetición, pero sí que es factible pensar que perderá el bloqueador de las negociaciones», agrega Rojo. O más bien, aquel que sea visto como tal: «Depende de qué relato se instale en la sociedad». Como se ha visto en las dos ocasiones anteriores, todas las formaciones se señalan como culpables de obligar a los ciudadanos a votar. En este caso, López Carvajal considera que Vox tiene más papeletas para cargar con la culpa, ya que las diferencias entre los resultados en Murcia con los de Extremadura son evidentes: «La ciudadanía no le ha dado la confianza para entrar en el Ejecutivo, pero sí para controlar la acción de Gobierno. Cualquier política del PP va a necesitar su visto bueno».

«Conforme avanza el tiempo, se nos van abriendo nuevos melones» señala. Y es que, si no hay Gobierno la primera semana de julio, entra de lleno la campaña de las generales y el resultado del 23J será clave para despejar la incógnita de la repetición electoral. Esta mal llamada segunda vuelta, por cierto, no sería antes de otoño, ya que tendrían que pasar dos meses desde la primera votación de investidura fallida para que se convocaran elecciones, cuya fecha, además, se fijaría casi dos meses después de la convocatoria.

La crisis del PSOE ha dejado de ser tema de conversación para ser sustituido por la violencia de género

Es improbable que Santiago Abascal, que ganó las generales en la Región en 2019, fuerce nuevos comicios si el 23J pierde la primera posición (ganó en las últimas generales, las de 2019). La ciudadanía le estaría enviando un mensaje claro.

Pase lo que pase, José Miguel Rojo llama a reflexionar sobre el hecho de que, en las repeticiones electorales, los resultados no varían sustancialmente, obligando a los partidos a «reposicionarse y ceder en donde no quisieron ceder anteriormente». Los ciudadanos no votan mal; son los políticos los que no saben entenderse.

El coste económico de mantener al Ejecutivo murciano en funciones

Guillermo Fernández Vara, presidente en funciones de Extremadura, advirtió esta semana sobre el coste económico de la repetición electoral en su comunidad. «No habrá gobierno hasta enero, no habrá presupuestos, hay que gestionar los fondos europeos, grandes proyectos industriales... todo en un año clave».

Efectivamente, fuentes del Ejecutivo murciano consultadas por esta Redacción reconocen que «en tanto en cuanto no haya una investidura, el Gobierno regional está en funciones, lo que supone que sólo puede dar luz verde y tramitar asuntos ordinarios de trámite», lo que les lleva a una «situación de inacción e interinidad que supone un freno para la Región con efectos negativos para la economía».

Uno de los primeras víctimas de la hipotética repetición electoral son los presupuestos, que se empiezan a confeccionar en julio para tenerlos aprobados, si todo va bien, en diciembre. Un gobierno en funciones no puede elaborarlo, por lo que su aprobación podría retrasarse, al menos, cuatro o seis meses. Esta situación paraliza, subrayan desde el Gobierno en funciones,» cualquier nueva medida política, como puede ser, aplicar nuevas bajadas de impuestos o poner en marcha nuevas líneas de ayudas o subvenciones».

Por otra parte, un gobierno en funciones tampoco puede aprobar decretos leyes ni puede adoptar acuerdos ni aprobar proyectos que supongan financiación plurianual, ni modificaciones de normativas estructurales.

Además, señalan, no disponer de gobierno estable abre un escenario de inseguridad para poder atraer nuevos proyectos o inversiones. «Por poner un ejemplo, un proyecto como el de Amazon, probablemente no se hubiera quedado en la Región ya que exigía adoptar una serie de decisiones desde el punto de vista normativo que un gobierno en funciones no habría podido tomar». También ponen como ejemplo un convenio como el formalizado para el soterramiento del AVE.

En definitiva, todas aquellas decisiones que puedan comprometer la acción de un futuro gobierno no se pueden adoptar. «La situación de interinidad, desde luego, provoca un daño importante a la Región de Murcia y tiene un efecto económico de arrastre para empresas y autónomos», concluyen.