Quince empresas se disputan el contrato para demoler la estructura en ruinas de La Manga

Quince empresas se disputan el contrato del Ayuntamiento de San Javier para demoler el edificio en ruinas del malogrado hotel Lagoymar de La Manga. El Consistorio ha sacado a licitación el derribo de la estructura de lo que iba a ser un hotel gemelo del Doblemar ante la negativa de la empresa propietaria a ejecutar la demolición. Posteriormente le cargará la factura a la compañía.

San Javier ejecutará el derribo de la estructura en ruinas de La Manga

El Ayuntamiento acordó a principios de año «incoar un procedimiento para la ejecución subsidiaria por parte de la Administración, requiriéndole el importe de los gastos que dichas operaciones generen».

El pliego del contrato, que ha salido a concurso en un millón de euros, obliga a ejecutar las obras de demolición mediante un proceso de corte vertical, dado que el esqueleto abandonado se encuentran muy cerca del Mar Menor. Los técnicos han descartado totalmente la voladura de la edificación por su cercanía al espacio protegido.

Según ha informado a La Opinión el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, quince empresas han presentado ofertas para hacerse con el contrato dentro del plazo oficial, que terminó este jueves a las 23.00 horas.

El regidor ha explicado que la empresa adjudicataria no empezará los trabajos hasta que acabe el verano para evitar las molestias que la demolición pueda causar a los vecinos y el tráfico de camiones en los meses de mayor afluencia de visitantes a La Manga.

Esta estructura lleva a la intemperie desde finales de los años 70 y está declarada en ruinas desde 2012. Estaba a destinada a albergar un hotel gemelo del Doblemar, pero nunca llegó a terminarse, lo que acabó produciendo un deterioro de los materiales empleados y del estado de la edificación.

Los años de abandono impidieron que pudiera llegar a terminarse la construcción de lo que iba a ser el hotel Lagoymar, aunque la empresa propietaria acudió a los tribunales para evitar la demolición.

A finales de 2022, tras un largo proceso legal, el Ayuntamiento dio un plazo de 10 días a la empresa para iniciar el derribo, pero la compañía presentó un nuevo recurso y reclamó 700.000 euros al Ayuntamiento por la ocupación de unos terrenos. El Consistorio puso en marcha entonces el proceso para ejecutarlo de forma subsidiaria.