Medio ambiente

Fomento rompe con la empresa encargada del plan de cuenca del Mar Menor

La Consejería acusa a la mercantil de retrasos y falta de rigor técnico mientras que ésta denuncia que la Comunidad incumple la Ley de la laguna

Núcleo urbano de El Carmolí, con el Mar Menor de fondo.  | IVÁN URQUÍZAR

Núcleo urbano de El Carmolí, con el Mar Menor de fondo. | IVÁN URQUÍZAR / alberto sánchez

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Ruptura total. La Consejería de Fomento ha liquido por completo el contrato que mantenía con la empresa encargada de redactar el plan que regulará los usos del suelo en la cuenca del Mar Menor. El departamento de José Ramón Díez de Revenga lleva casi un año intentando romper relaciones con la mercantil IDOM Consulting, Engineering, Architecture tras los retrasos sufridos en la preparación del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor.

Hasta ahora, el procedimiento para finalizar dicha relación incurrió en una serie de fallos que llevaron a reiniciar el trámite de liquidación. Como avanzó La Opinión, Fomento detectó "gravísimos retrasos" en los plazos de entrega y escaso rigor técnico en la documentación que la empresa preparó sobre el plan urbanístico de la comarca. Por todo ello, la Consejería ha logrado ya el visto bueno de los servicios jurídicos de la Comunidad y del propio Consejo Jurídico regional para cerrar esta etapa contractual con la mercantil.

En el nuevo procedimiento, Fomento insiste en los errores cometidos por la empresa. "Nula fiabilidad", documentos "carentes de rigor técnico", "no se cumple" con la metodología propuesta por la propia mercantil para redactar el plan o entregas "fuera de plazo" son algunos de los detalles que la Consejería aportar a este trámite de liquidación del contrato.

Uno de los informes refleja que, "a pesar de la urgencia que el objeto del contrato requiere y que se ha transmitido al contratista", el trabajo de la firma muestra "un gravísimo retraso temporal, una insuficiencia técnica de la documentación entregada, una falta total de contacto con el terreno y en definitiva un desconocimiento global del ámbito". Todo ello, añade Fomento, genera un grave perjuicio" para la Comunidad y "un retraso inaceptable para la tramitación de un instrumento exigido" por la Ley del Mar Menor.

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El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha desestimado el recurso presentado por una empresa agrícola de Fuente Álamo contra la multa de diez mil euros que le impuso la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por el riego ilegal de cincuenta hectáreas de hortalizas. La sentencia declara que la infracción está acreditada y que el importe de la sanción está justificado al tener en cuenta las circunstancias de los hechos; entre ellos, la elevada superficie regada, aunque, añade, no se consideró probado ningún daño al dominio público.

En su recurso, la empresa alegó que la resolución sancionadora estaba falta de motivación y que vulneraba el principio de inocencia y el de proporcionalidad, además de ser la suya una actividad declarada de interés general al ir destinada a la producción de artículos de alimentación. También expuso que el agua utilizada para el riego de las hortalizas había sido suministrada por la sociedad estatal Acuamed. Frente a esa argumentación, la Sala dice que incurrió en la falta por la que fue sancionada porque para el riego de su explotación, pese a que el agua procediera de aquella sociedad estatal, precisaba de la correspondiente concesión de la CHS.

La empresa se defiende

En una de las alegaciones presentadas, la mercantil niega "incumplimiento alguno" del contrato y acusa al Gobierno regional de "falta de rigor técnico" en el "seguimiento y dirección de los trabajos". Esto, a su vez, habría provocado "dilaciones e interrupciones innecesarias en la labor del contratista". Por ello, argumenta la empresa, "causa estupor el retraso que acumula la administración en su falta de diligencia para dar cumplimiento en lo exigido en la Ley de recuperación y protección del Mar Menor".

El Consejo Jurídico, en una resolución emitida este mes, da la razón a Fomento en su lucha por cerrar la relación contractual con la mercantil y añade que "el retraso y mal funcionamiento no puede ser imputable a la Administración, sino a los continuos errores e inexactitudes por parte de la empresa en la elaboración de los documentos objeto del contrato".

El Portmarme, como se le conoce a este plan de ordenación del territorio, acumula ya un año y medio de retraso. Fomento señaló a este periódico que la redacción del proyecto continúa ya que para ello se están empleando recursos propios de la Consejería. A este plan está vinculado la moratoria urbanística del Mar Menor, que caducará en agosto si los partidos no logran acordar una prórroga.