Los regantes esperan año y medio de batalla judicial contra el plan del Tajo

Ganar un recurso judicial contra el Gobierno central en materia de agua es «dificilísimo». Así lo valoraba ayer Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes (SCRATS) durante un acto en el Palacio de San Esteban que sirvió para escenificar el largo camino judicial que se inicia contra la Planificiación Hidrológica del Tajo en los tribunales. La suerte está echada. El pasado martes vencía el plazo para presentar los recursos ante el Tribunal Supremo y tanto la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, como la Diputación de Alicante y el SCRATS (además de otras administraciones que anunciaron un contencioso como el Ayuntamiento de Cartagena o Lorca), intentarán parar vía judicial el caudal ecológico que aprobó el Ministerio para la Transición Ecológica para el Tajo.

Por delante queda un año y medio como mínimo hasta que el Supremo dictamine, aunque deberá pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas tanto por los regantes como por el Gobierno regional. «Sabemos que es complicado», recordaba Jiménez, pero si a algo se aferran los regantes es a lo «torticeramente mal» que lo ha hecho el Ministerio, señalan, con la planificación «política» del Tajo. Hasta ahora, los tribunales han echado para atrás los recursos presentados contra trasvases mensuales de agua o modificaciones de las reglas de explotación del Trasvase. El líder del Scrats ve un punto a favor en el «toque de atención» que le dio el Consejo de Estado al departamento de la ministra Teresa Ribera a la hora de abordar el caudal ecológico del Tajo.

Jiménez advirtió de que el Ministerio se ha saltado «las reglas básicas de la planificación hidrológica»: garantizar el buen estado de las masas de agua pero «sin olvidar» las necesidades sobre el agua del tejido socioeconómico de una comunidad como Murcia, de la que destaca que ya está sufriendo los primeros «efectos negativos» tras subir el caudal mínimo a 7 metros cúbicos por segundo. Una vez más, recordó «que no era necesario» ese incremento y que la directriz ya estaba marcada antes de comenzar a diseñar los caudales ecológicos.

«Un perjuicio irreparable»

El recurso judicial de la Comunidad parte de varias premisas que abarcan tanto la parte científica, como la económica o la medioambiental. El aumento del caudal a la altura de Aranjuez, el tramo que afecta a los trasvases al Segura, «resulta irrelevante» para el Tajo. «No se ha probado que el estado de las masas de agua del Tajo, en el tramo de afección al trasvase, sea malo desde el punto de vista medioambiental ni que el incremento de los caudales mínimos asegure un mejor estado ecológico de aquellas».

El presidente Fernando López Miras señaló ayer que los primeros efectos se apreciarán cuando las reservas en la cabecera del Tajo comiencen a disminuir a consecuencia del desembalse de más agua para garantizar el caudal fijado desde enero. El jefe del Ejecutivo cree que suspender este incremento con las medidas cautelares evitaría «que se cause un perjuicio irreparable a la Región de Murcia».

El aumento del caudal del Tajo en Aranjuez, defendió, «no supone beneficio alguno para nadie, tampoco para el Tajo», pero sí dejaría «millones de perjudicados» en el Levante, por lo que «no hay ningún interés superior para su aplicación inmediata», que sí supondría, en cambio, «graves perjuicios», de ahí la petición de suspensión cautelar. Miras insistió en que el recurso de la Región de Murcia se basa en un exhaustivo análisis del decreto, que adolece, ha dicho, de «innumerables defectos técnicos» con la única finalidad de acabar con el trasvase, por lo que confía en que la justicia recoja los argumentos presentados en el recurso, con una decena de anexos elaborados por diferentes expertos.

La tarifa del agua potable se incrementaría un 61% por la desalación

Por cada metro cúbico que se amplíe el caudal que debe llevar el río Tajo a su paso por Aranjuez para poder trasvasar agua al Segura, se perderían en la Región de Murcia casi 5.500 empleos y 334 millones de euros anuales, y casi 9.800 empleos y 524 millones al año en las tres provincias afectadas por el recorte del trasvase (Murcia, Almería y Alicante).

El catedrático de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante Joaquín Melgarejo analizó ayer los principales datos que ha obtenido en sus sucesivos estudios sobre el impacto de los caudales ecológicos del Tajo en el Trasvase y la economía levantina. Un estudio en el que también han participado expertos de las universidades de Alcalá de Henares y Miguel Hernández de Elche, así como técnicos del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura coordinados por el Instituto Euromediterráneo del Agua. 

La Comunidad registraría pérdidas de 149 millones de euros y 1.815 empleos solo por el aumento de un metro cúbico

Melgarejo ha subrayado que los cálculos que se han realizado parten de las previsiones recogidas en el plan hidrológico del Segura, que cifra en una caída de 105 hectómetros cúbicos anuales el agua que se trasvasará desde el Tajo cuando se complete el aumento de los caudales ecológicos que se prevé en su plan de cuenca. En esas condiciones, el regadío recibiría anualmente unos 119 hectómetros cúbicos del Tajo cada año, frente a la media de 200 que ha venido recibiendo durante los 44 años de historia del trasvase, lo que, según Melgarejo, tendrá «repercusiones inmediatas»: la pérdida de un 15,6 por ciento de la superficie de regadío (unas 27.314 hectáreas), la pérdida de valor patrimonial de 5,692 millones de euros anuales y la desaparición de unos 15.300 empleos en toda el área del Levante.

En el caso de la Región de Murcia, cada incremento de un metro cúbico en el caudal ecológico equivaldrá a pérdidas económicas de 149 millones al año y de 1.815 empleos solo en el sector agrario, y de 185 millones anuales y 3.669 empleos en el conjunto de la economía.

El incremento de los caudales ecológicos tendrá también un impacto directo en el abastecimiento, que dejará de recibir 27 hectómetros cúbicos del trasvase anualmente, lo que obligará a una subida de las tarifas por la mayor dependencia del agua desalada.

Según este informe, la subida será de 0,42 euros por metro cúbico, pasando de los 0,69 euros por metro cúbico actuales a los 1,04 euros, un 61% más.

El Ministerio reúne a la Mesa de la Sequía ante las quejas

El Ministerio de Agricultura ha convocado una reunión de la Mesa de la Sequía para el próximo miércoles 19, con el objetivo de evaluar la incidencia de la sequía en el sector agrario para dar seguimiento a la última reunión técnica, reunida el pasado 30 de marzo, e intercambiar información con los sectores afectados.

En concreto, en esta cita han sido convocados las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias y comunidades de regantes, además de representantes de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como las comunidades autónomas, entre ellas Murcia.

Agricultura ha precisado que el objetivo de esta reunión es continuar con el seguimiento de la situación de sequía que se atraviesa desde el año pasado y analizar la evolución climática, su incidencia en cultivos y ganado, además de analizar el estado de las reservas de agua en los embalses, así como servir de foro de encuentro de todos los actores implicados y analizar las propuestas de actuación.

El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, afirmó ayer que su Ejecutivo acudirá a la Mesa de la Sequía con ánimo de «colaborar». «Pero esto es lo de siempre: el Gobierno central nos estrangula, nos perjudica y el resto de administraciones tenemos que buscar soluciones a ese perjuicio», apostilló. 

En este sentido, López Miras ha afirmado que el Gobierno regional va a estar «al lado de todos los agricultores, también de los de secano en un momento tan difícil como este». Sin embargo, ha señalado que «quien tiene las llaves para articular mecanismos para paliar con decisiones y con acciones esta sequía que afecta a toda España es el que tiene las competencias de gestión del agua e hidrográficas en el país, que es el Gobierno central».