Los alumnos en prácticas empezarán a cotizar a la Seguridad Social el 1 de octubre

Los estudiantes que realizan prácticas en las empresas e instituciones públicas tendrán que empezar a cotizar a la Seguridad Social a partir del próximo 1 de octubre, según se recoge en el decreto publicado el pasado 17 de marzo en el BOE. La normativa que ha establecido el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social obliga a pagar las cotizaciones a las compañías y a las instituciones públicas que acogen a los alumnos, lo que traslada al Servicio Murciano de Salud (SMS) la responsabilidad de costear la Seguridad Social a miles de alumnos de Medicina, de Enfermería y de otras disciplinas sanitarias de la UMU y de la UCAM que pasan por sus hospitales y centros sanitarios. Sólo la Universidad de Murcia tiene unos 10.000 alumnos en prácticas no remuneradas y 2.000 que sí cobran, mientras que en la Politécnica de Cartagena hay unos 500.

La sanidad pública tendrá que costear las cotizaciones de los alumnos que realizan prácticas obligatorias incluidas dentro de los programas formativos de las diferentes carreras que imparten las universidades, salvo que «en el convenio o acuerdo de cooperación que, en su caso, se suscriba para su realización se disponga que tales obligaciones corresponderán al centro de formación responsable de la oferta formativa». En este caso, serían las instituciones académicas quienes asumirían las cuotas a pagar. 

La Consejería de Salud no se ha pronunciado sobre el pago de las cuotas y ante las preguntas de La Opinión ha contestado que «el SMS está analizando con los centros de formación los detalles para aplicar el real decreto ley».

 También deberán cotizar los alumnos de FP.

El decreto del Ministerio permite que los centros formativos asuman el pago en el acuerdo de cooperación

 La cuota a pagar tendrá una reducción del 95%, que reduce la aportación final a una cantidad simbólica, pero la gestión de las cuotas establece nuevas cargas burocráticas a las instituciones de acogida. Excluye el pago de las aportaciones destinadas a cubrir la prestación por desempleo, el Fondo de Garantía Salarial y la formación. En las prácticas no remuneradas se excluirá también la protección por la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. 

Con la rebaja del 95% la cuota de 140 euros al mes se queda en apenas cinco o seis euros mensuales, que equivalen a tan solo unos 30 céntimos diarios, según explicó el rector de la Universidad de Murcia, José Luján. A su juicio, se trata de «un galimatías».

La reforma ha causado una especial alarma en las universidades de la Región, dado que solo la UMU tiene unos 10.000 alumnos que realizan prácticas curriculares no retribuidas, contempladas dentro de su programa formativo, y otros 2.000 que realizan prácticas extracurriculares, según las estimaciones de la vicerrectora de Estudios, Alicia Rubio.

En la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) la cifra de alumnos en prácticas se reduce a unos 500, de acuerdo con los convenios que tiene en vigor, según indicó el vicerrector de Profesorado, Javier Lozano. Sin embargo, Lozano advierte de que «puede haber empresas que por el hecho de tener que asumir una nueva complicación burocrática» opte por no acoger a los estudiantes. «Es lo que más nos preocupa», asegura. El vicerrector precisa que no le preocupan tanto las prácticas remuneradas de los alumnos que han terminado los estudios, «porque ya cotizaban con anterioridad». 

La cantidad a abonar es muy reducida y supone tan solo 0,30 euros al día, pero impone más cargas burocráticas

La obligación de cotizar incluye a los universitarios que realicen «prácticas dirigidas a la obtención de titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado» y a «las dirigidas a la obtención de un título propio de la universidad, ya sea un máster de formación permanente, un diploma de especialización o un diploma de experto».

Dos terceras partes de los estudiantes están en instituciones públicas

Dos terceras partes de los estudiantes de la Región realizan sus prácticas en instituciones públicas, que a partir del 1 de octubre tendrán que empezar a asumir el coste de las cotizaciones a la Seguridad Social y las obligaciones administrativas que exige la tramitación de las altas y las bajas.

El rector de la UMU, José Luján, alerta de que se trata de «ayuntamientos, centros del SMS y de otras instituciones que no tienen en sus presupuestos de este año dinero para costear las cotizaciones», por lo que se encontrarán con un problema financiero y con la nueva carga administrativa que supondrá la gestión burocrática.

Luján explicaba que «el problema lo tendrán los ayuntamientos, el SMS o las demás instituciones», de igual forma que las tendría la UMU si llegara a asumir el coste de las cotizaciones. «En ese caso tendríamos que ir a la Consejería de Educación a pedir que nos dote de los fondos para costearlas». Añade que «si tiene que sufragarlas Salud, dirá que el SMS no tiene presupuesto», por lo que concluye que al final acabaría siendo «la Consejería de Hacienda la que tendría que aportar los fondos. También a las empresas les va a costar un dinero con el que no contaban».

El rector de la UMU recuerda que los alumnos universitarios en prácticas «tienen un seguro escolar regulado por una ley de 1953», que cubre cualquier problema que pudiera planteárseles. Considera innecesaria la cotización teniendo en cuenta que en España «la asistencia sanitaria es universal».

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