Las plantas fotovoltaicas copan todo el trabajo de Medio Ambiente

El nuevo consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, ha tomado las riendas de este departamento en un momento crítico. Las evaluaciones de impacto ambiental de las casi 40 plantas solares que ha tenido que tramitar este departamento han relegado al resto de expedientes en trámite, según indican fuentes de los sindicatos y de los ecologistas, ya que los técnicos han tenido que volcarse en los informes necesarios para cumplir el plazo que terminaba el pasado 25 de enero. La Comunidad niega que se hayan producido retrasos y únicamente admite que ha habido «una distorsión en las dos o tres últimas semanas», ante la necesidad de «cumplir el hito que ha establecido el Ministerio».

La Comunidad intenta salvar 11 plantas solares sin autorización

El pasado miércoles se cumplían los 30 meses de plazo que tenían las compañías promotoras de proyectos fotovoltaicos para obtener la declaración de impacto ambiental necesaria para mantener el permiso de conexión de Red Eléctrica, el operador del sistema, que les permitirá verter la energía generada a la red. 

La Consejería de Medio Ambiente, que hasta ahora ha estado unida Agricultura, ha tramitado los 39 proyectos que tienen una potencia inferior a los 50 MW. Once plantas no han conseguido la evaluación a tiempo, aunque la Comunidad espera sacarlos adelante contando el plazo de 30 meses a partir de la fecha en la que los promotores aceptaron la conexión y abonaron los avales, tal y como va a hacer la Comunidad Valenciana.

Sindicatos y ecologistas aseguran que el esfuerzo realizado para acabar a tiempo las evaluaciones ambientales ha dejado sin resolver otros expedientes, que han quedado relegados en los últimos meses.

Además, CC OO, UGT, CSIF e Intersindical advirtieron a mediados de enero de las consecuencias que puede tener en el desarrollo de las inversiones alentadas por los fondos Next Generation la marcha de 23 de técnicos, que habían sido contratados como interinos para reforzar la plantilla encargada de realizar las evaluaciones ambientales. Según informaron estas cuatro organizaciones sindicales en una rueda de prensa celebrada el pasado día 19, «la nueva consejería de Medio Ambiente se estrena con el cese en 2023 del 25% del personal técnico». 

 Nacho Álvarez-Castellanos, de La Intersindical, asegura que a partir de los meses de septiembre y octubre «parte del personal que contrataron para otras tareas se volcaron en las fotovoltaicas», lo que se ha traducido en un retraso del resto de proyectos. Reconoce que la Consejería se ha comprometido a recuperar 19 contratos, que cuentan con el visto bueno de Función Pública, aunque sostiene que «faltan cuatro personas».

No obstante, deja claro que la incorporación de técnicos con contratos temporales auspiciados por los fondos europeos no permite cubrir las necesidades de personal, dado que los interinos «necesitan tiempo para aprender la tramitación y unos meses después se tienen que ir».

El dirigente sindical explicó que «la complejidad de los expedientes  de las plantas fotovoltaicas es tremenda, porque tienen que pasar de un departamento a otro. Si le llega a un biólogo, después tiene que pasar a un departamento jurídico».

Los sindicatos calculan que el incumplimiento del plazo establecido para ultimar las evaluaciones ambientales de las plantas solares ponía en peligro «una inversión de 2.200 millones de euros en la Región». No obstante, en el comunicado conjunto apuntaban que los técnicos contratados «también han tenido que desarrollar «otros trabajos que son propios de puestos estructurales del día a día de esta Consejería, dada la falta de personal».

Por otra parte, fuentes de Ecologistas en Acción hablan de «colapso» en la gestión de este departamento, porque «ya estructuralmente falta personal. La estrategia del PP de los últimos 25 años ha sido desmantelar en medio ambiente», apuntan.

El hasta ahora secretario general de la Consejería de Agricultura, que va a ocupar este cargo en Medio Ambiente, Víctor Martínez, niega que se haya producido retraso alguno y solo admite que «ha habido una distorsión en las últimas dos o tres semanas». El número dos culpa al Ministerio por no haber ampliado el plazo para las declaraciones ambientales de las fotovoltaicas, dado que «la gente no puede multiplicarse». Afirma que «el compromiso ha sido ejemplar».

«Los funcionarios de plantilla de la Dirección General han continuado su labor con el resto de tramitaciones. Durante las tres semanas previas al cumplimento del hito se ha priorizado la tramitación de los expedientes de plantas fotovoltaicas, sin paralizar ni dejar de tramitar ningún otro expediente que obraba en Medio Ambiente», indica la Consejería.

Suscríbete para seguir leyendo