Once plantas solares de las 39 que debían conseguir la declaración de impacto ambiental antes del 25 de enero no han logrado cumplir este requisito dentro del plazo establecido por Ministerio de Transición Ecológica para que pudieran mantener el permiso para verter la energía generada a la red eléctrica. No obstante, la Comunidad Autónoma tratará de evitar que estos proyectos se queden sin la autorización ambiental, aunque el plazo para conseguirla terminó este miércoles. La alternativa es una vía legal abierta por la Comunidad Valenciana que les permitiría disponer de más tiempo para finalizar este trámite, según informaron fuentes de Medio Ambiente.

Estos 11 proyectos «tienen todos los informes recabados, aunque la tramitación no ha concluido», precisó la Consejería. Los otros 28 han finalizado su tramitación, aunque hay varios que no han salido adelante por impedimentos medioambientales.

El mecanismo utilizado por la Generalitat Valenciana que tratará de aplicar Murcia se basa en «un proceso anterior fruto del cual la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establece que el plazo que debe regir para resolver el permiso medioambiental no corre desde el momento en que el promotor recibe el derecho de acceso a la red, sino desde que acepta las condiciones técnicas y económicas que le impone el operador. Algo que incrementa el plazo de evaluación de dichos proyectos», según apuntaron desde Medio Ambiente.

Para asegurarse de que las plantas de energía fotovoltaica realmente llegaban a ponerse en marcha y no se presentaban con un mero interés especulativo el Gobierno decidió hace dos años que los proyectos renovables debían ir cumpliendo una serie de hitos. Uno de los hitos era disponer de la declaración de impacto ambiental este 25 de enero, que no han conseguido cumplir 11 de los 39 proyectos de menos de 50 megavatios tramitados en los últimos meses.

El 25 de enero se cumplían los 30 meses de plazo establecido para obtener la declaración de impacto ambiental para la mayoría de los promotores de las instalaciones solares desde que lograron el permiso de conexión de Red Eléctrica, el operador del sistema.

Soltec obtiene 16 permisos para instalarse en Murcia y Alicante

La compañía murciana Soltec, que está dedicada al desarrollo de proyectos fotovoltaicos y cotiza en Bolsa, ha obtenido autorizaciones ambientales favorables para dieciséis plantas fotovoltaicas situadas en la Región de Murcia y en la provincia de Alicante, con una capacidad de 401 MW de potencia, según ha informado en un comunicado. Estas autorizaciones han sido concedidas por el Ministerio para la Transición Ecológica, que ha sido el encargado de informar sobre los 22 proyectos presentados en la Región que superan los 50 MW de potencia. Las resoluciones del Ministerio han venido publicándose en el BOE en el útimo mes. Soltec precisa que de 401 MW de potencia pico autorizados a la compañía en Murcia y Alicante, «352 MW se ejecutan en codesarrollo con el líder energético TotalEnergies, en el que la compañía cuenta con un porcentaje de participación». La firma precisa que tras la obtención de las autorizaciones ambientales favorables recibidas para dieciséis plantas, «Soltec ya cuenta con todas las declaraciones de impacto ambiental necesarias para el desarrollo de su actividad».

Sin embargo, la Comunitat Valenciana ha encontrado una fórmula para que este plazo de 30 meses empiece a contar desde el momento en que los promotores aceptaron la conexión y abonaron los avales, según ha informado el diario Levante, perteneciente al grupo Prensa Ibérica.

El departamento de Antonio Luengo, que ha sido hasta ahora el titular de las competencias de Medio Ambiente (aunque han pasado a la consejería de Juan María Vázquez tras la remodelación del Gobierno) ha trabajado contrarreloj en los últimos meses para tener acabada a tiempo la declaración de impacto ambiental de 39 plantas fotovoltaicas que esperaban este trámite.

Las empresas solicitantes necesitaban resolverlo para evitar la pérdida de los derechos reconocidos. La caducidad de las autorizaciones para verter a la red comportaría también la pérdida de las garantías y avales que las empresas tuvieron que depositar, lo que podría dar lugar a reclamaciones muy elevadas contra la Administración. El problema es que muchas de estas instalaciones ocupan grandes extensiones de terreno, que en algunos puntos entran dentro de espacios protegidos, lo que ha complicado la resolución. Al tratarse de plantas de grandes dimensiones, que llegan a abarcar una superficie superior a las cien hectáreas, la Consejería se encontró con que en la mayor parte de los casos se ha planteado algún tipo de problema de carácter medioambiental.