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La Autoridad Portuaria de Cartagena, bajo la sombra del nepotismo

La denuncia del fiscal Anticorrupción pone al descubierto los presuntos tejemanejes de parte del equipo directivo de la APC para favorecer a empresas y castigar a empleados incómodos

Yolanda Muñoz, presidenta de la APC. Iván J. Urquízar

Contratar desde un organismo público a la mercantil que tienes con tu marido, permitir que la empresa que elabora los pliegos de un concurso sea la misma que se lo adjudique, coaccionar al comité técnico para que modifique un informe o evitar que la primera persona de la bolsa de trabajo acceda a una vacante por ser hija de un miembro del Comité de Empresa son solo algunas de las irregularidades detectadas por la Fiscalía.

La denuncia del fiscal Anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, contra la presidenta de Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), Yolanda Muñoz, y su antecesor en el cargo Antonio Sevilla para investigar si los mismos pudieron participar en prácticas corruptas en la adjudicación de obras y contratación de personal entre los años 2015 y 2021, ha sacado a la luz los tejemanejes de parte de su equipo de dirección para favorecer a ciertas empresas o, incluso, presionar y coaccionar a empleados del organismo público. «Temas como estos, que no puedo calificar, nos lastran», lamentaba el lunes la propia Muñoz.

Sí que los ha calificado la Fiscalía Anticorrupción, que ve indicios de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Paloma Escudero L.O.

Hasta 24 veces aparece en la denuncia el nombre de Paloma Escudero, jefa de la División de Innovación de la APC. Se incorporó en diciembre de 2016 como personal fuera de convenio, siendo administradora (junto a su marido) de la empresa Estrategias y Desarrollo Financiero S.L., una mercantil que llevaba ya dos años firmando contratos menores con la APC. Alguno de ellos ha sido denunciado porque superaba el límite legal para tramitar contratos menores;mientras que otros tres, porque debían haber formado parte de un único contrato mayor. Además, han demostrado cómo en un ordenador de esta empresa había un ‘Power point’ con toda la información necesaria para poder presentar la oferta sobre la mejora de la contabilidad analítica en la APC, «antes incluso de la fecha de elaboración de la memoria del contrato», recoge el fiscal.

El nombre de Paloma Escudero, jefa de la División de Innovación, aparece una veintena de veces en la denuncia

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También está el caso de Sopra Steria España, una empresa que se llevó el contrato del Servicio de Oficina de Proyectos para el Plan de Digitalización siendo al mismo tiempo la compañía que redactó los pliegos de contratación. Evidente, esta situación «le inhabilitaba para concursar al haber intervenido». Sopra Steria fue contratada en enero de 2018 por la División de Innovación, es decir, por Paloma Escudero. 

Iniciatel sería otra de las empresas beneficiadas por la presunta trama corrupta de la APC. El Corte Inglés era quien cumplía los requisitos técnicos solicitados por el responsable de Compras, Francisco Ortiz, para comprar ocho ordenadores. Además de ofrecer el mejor precio. Sin embargo, se le adjudicó a Iniciatel, que mejoró la oferta pero la presentó fuera de plazo.

Señala la Fiscalía Anticorrupción de la Región que la actual presidenta de la APC «obligó a cambiar» un informe desfavorable hacia la empresa Salzillo Seguridad S.A. con el fin de que esta pudiera hacerse con el servicio de mantenimiento para las instalaciones de seguridad de la APC. Un miembro de los dos que forman parte del Comité Técnico se negó a firmar el informe final. 

Muñoz "obligó a cambiar" un informe para que la empresa Salzillo Seguridad se hiciera con el mantenimiento

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Los contratos con la empresa Datanet, del Grupo Alfatec (ahora llamado Laberit) también llamaron la atención del Ministerio Público. El personal técnico del Departamento de Sistemas recibió supuestas presiones de Escudero para imponer criterios y requisitos en los pliegos que impedían presentarse a la empresa que llevaba el mantenimiento de Navision durante los últimos años, ITE4. Así, se favorecía a Alfatec.

Recoge la denuncia que testigos detectaron «varias visitas» de Antonio Sevilla, que ya no era presidente de la APC, junto a uno de los directivos de Alfatec, entrando en despachos de la APC como Presidencia, División de Innovación y al Departamento de Sistemas. «Se denuncia que Sevilla podría estar recibiendo una remuneración por este asesoramiento y uso de contactos políticos y administrativos para supuestamente influir en las adjudicaciones a través de Escudero», dice la denuncia.

Antonio Sevilla. Felipe G. Pagán

De nuevo, el fiscal murciano apunta hacia Yolanda Muñoz por, supuestamente, haber «postergado de modo arbitrario» a la primera trabajadora de las que aparecían en la bolsa de trabajo para cubrir plazas de Policía Portuario. Lo hizo, según se denuncia, «por ser la hija de un miembro del Comité de Empresa» al que Muñoz tendría «animadversión». En un audio aportado por uno de los testigos, se puede escuchar a Muñoz en estos términos:«O cambia de actitud o no tengo porque tenerla, tengo a otro. Es que no quiero, tiene que venir aquí a pedirlo de rodillas», afirma sobre el miembro del sindicato. 

Por estas y otras irregularidades de este calibre, el fiscal pide que se practique la declaración de investigados contra Yolanda Muñoz, Paloma Escudero y Antonio Sevilla. Pero también contra María José Barahona (jefa del Departamento de Planificación y Gestión), José Pedro Vindel (ex director de la APC), José Segura (jefe del Departamento de Instalaciones) y Francisco Ortiz (Compras). La Fiscalía General del Estado se ha hecho cargo de la investigación y está a la espera de saber si la denuncia se admite a trámite.

Podemos pide que Intervención del Estado audite los contratos

Podemos ha registrado una solicitud en la Cámara Baja dirigida al Ministerio de Hacienda para que la Intervención General del Estado "tome las riendas de este asunto y audite hasta la última coma de los contratos firmados", comunicó ayer el diputado en el Congreso y coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, que afirmó que recurren a esta instancia porque este caso "huele cada vez peor". De hecho, el dirigente morado señaló que "las presiones que están saliendo a la luz contra los representantes de los trabajadores y el silencio del Gobierno regional y particularmente del presidente López Miras son un poema". Esta iniciativa en el Congreso se suma a la solicitud registrada por la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, para impulsar una comisión de investigación en la cámara autonómica. 

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