La Opinión de Murcia

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Política

Un asesor del Grupo Parlamentario Vox entra en el Consejo Jurídico regional

Liarte y Carrera pagaron por servicios de asesoría jurídica más de 100.000 euros entre 2020 y 2021

Fernando López Miras recibió ayer a Salvador Pérez Alcaraz. CARM

El Consejo de Gobierno celebrado ayer aprobó la propuesta de nombramiento de Salvador Pérez Alcaraz como nuevo consejero del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM). Tal y como explicó la portavoz del Ejecutivo, Valle Miguélez, es licenciado en Derecho por la UMU y Graduado Social, «con una amplia carrera como profesor e investigador». No mencionó que en los últimos años ha trabajado a menudo para el Grupo Parlamentario Vox a título de asesor jurídico, hasta su disolución en octubre de 2022.

De hecho, el informe de fiscalización de las subvenciones a los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional muestra que los gastos en asesoría jurídica de los diputados Juan José Liarte, Francisco Carrera y Mabel Campuzano superaron los 100.000 euros entre los años 2020 y 2021 (25.410 y 76.830, respectivamente), muy por encima de lo que pagaron los populares (40.000 euros) o los socialistas (60.000) por este servicio. 

En el desglose de facturas, la asesoría jurídica le facturaba al trimestre más de 10.000 euros, al mismo tiempo que otras facturas cargaban al Grupo Parlamentario Vox más de 3.600 euros por «asesoramiento jurídico» cada mes.

El nuevo miembro del CJRM defiende que trabaja para cualquier partido que requiera sus servicios

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Salvador Pérez no era el único asesor jurídico de Liarte, Carrera y Campuzano, ya que en 2020 contrataron también al exportavoz andaluz de Vox, el juez en excedencia Francisco Serrano. 

En declaraciones a La Opinión, Pérez reconoce que ha trabajado para el Grupo Parlamentario Vox, «igual que para otros partidos». De hecho, fue él el que llevó los casos de los concejales de Cartagena expulsados del PSOE tras pactar con el PP, así como el de la expulsión del PSOE de la exalcaldesa de Molina, Esther Clavero. «Me dedico al Derecho Administrativo y llevo 32 años en esto», asegura, al tiempo que subraya que «no tiene ninguna relación de servicio con ningún partido político». 

El nombramiento se produjo ayer en un Consejo de Gobierno al que no asistió Campuzano

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Liarte insistió también a esta Redacción que «es uno de los administrativistas más reputados de la Región» y que «el Grupo Vox lo contrató para la supervisión de algunos proyectos de ley», además de que «previamente había hecho cosas para el PP».

Desde el año 2015 la cuantía de la dieta por asistencia al CJRM es de 514 euros, y la de presencia de 125 euros.  Su nombramiento es por un período de seis años, pudiendo ser reelegidos.

Cargo tras los presupuestos

Fuentes conocedoras de este asunto señalan que detrás de este nombramiento está la buena relación existente entre Pérez y el diputado Francisco Carrera, que ya impuso al Gobierno regional la contratación de José Ramón Palazón como director general del ICA hasta que fue despedido por Mabel Campuzano y fue recolocado en Hacienda

El nombramiento de Pérez se produjo precisamente ayer, en un Consejo de Gobierno al que no pudo asistir la consejera de Educación, Mabel Campuzano, y estando esta propuesta fuera del orden del día. Y tiene lugar después de la aprobación a final de año de los presupuestos de la Comunidad, que contaron con el voto favorable de los dos diputados díscolos de Vox. 

Una mujer entre sus miembros por primera vez en 25 años de historia

El CJRM tendrá, por primera vez en sus 25 años de historia, una mujer entre sus miembros, la doctora en derecho Blanca Soro Mateo, que ha sido designada por el Consejo de Gobierno, junto con el jurista Salvador Pérez Alcaraz, para renovar a los representantes de ese organismo. Soro Mateo es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Murcia (UMU), de la que es profesora titular de Derecho Administrativo, además de Máster en Política y Gestión Medioambiental por la Universidad Carlos III de Madrid. Están aún pendientes de designar otros tres representantes del Consejo, que deberán ser propuestos por la Asamblea Regional.

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