El Gobierno rectifica y dará ayudas a los regantes para comprar agua desalada

El Ministerio para la Transición Ecológica realizó anoche un giro de 360 grados para tratar de acallar las críticas que llegan desde el Levante ante el fin de la subvención del agua desalada. La eliminación de las ayudas que recibían los regantes, y gracias a las cuales pagaban durante 2022 el agua de las plantas de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas a 0,45 euros el metro cúbico, había calentado el ambiente, y más tras conocer que el Ministerio ha borrado cualquier posibilidad de frenar la subida escalonada de los caudales ecológicos en el Tajo a partir de 2026.

La mecha política la encendía ayer por la mañana el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, que exigía a la ministra Teresa Ribera que volviera a plantear las subvenciones al agua desalada para este año, un agua que los regantes hubieran comenzado a pagar a 1,30 euros el metro cúbico, algo «inasumible» para el sindicato Scrats. El Ministerio señala que desde hace semanas se está trabajando en el diseño de nuevas subvenciones para abaratar el precio de las desalación. Un real decreto con subvenciones a la producción de agua en plantas desaladoras, de carácter «transitorio», hasta que el despegue de las energías renovables, en el horizonte probablemente de 2026 o 2027, consiga reducir su coste. Según fuentes del Ejecutivo, tanto el Ejecutivo valenciano como los regantes «están informados» de que éste es el plan del Ministerio para la Transición Ecológica y en la última semana del mes de diciembre se mantuvieron reuniones. En ellas, añaden, se avanzó incluso en un acuerdo sobre la cuantía de la subvención.

Transición Ecológica espera aprobar este mes la subvención

La previsión es que el Consejo de Ministros apruebe las ayudas a lo largo de este mes, después de «debatirlas y consensuarlas con los actores implicados en las últimas semanas de diciembre», reiteran, en referencia a que el Gobierno valenciano y los regantes conocían que se estaban buscando soluciones al fin de las ayudas por la sequía. Lo que no aclara el Ministerio es si este decreto que se prepara tendrá un efecto sobre los nuevos convenios que se han negociado con los regantes del Levante y con Acuamed para abaratar el precio del agua desalada de las tres plantas de Murcia y Alicante durante los próximos diez años. Según ha podido saber esta redacción, pese a que ya hubo un acuerdo todavía las comunidades de regantes no han firmado los convenios porque desconfían de algunas cláusulas.

Sin salvavidas

El otro frente abierto tiene peor solución para los regantes. El Consejo de Estado tiene en sus manos un borrador del real decreto que condicionaba la subida de los caudales en el Tajo al cumplimiento de una serie de medidas ambientales para descontaminar las aguas de ambas cuencas del acueducto, tal y como se aprobó en el Consejo Nacional del Agua. La reducción prevista para dentro de cinco años es de 105 hm3, la mitad de lo que se trasvase ahora.

Esta condición ha desaparecido de la nueva versión que ha mandado el Ministerio (algo que ya avanzó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para contentar a Castilla-La Mancha) y ahora solo aclara que los resultados de ese programa de control ambiental «se tendrán en consideración en el cuarto ciclo de planificación», es decir, en el próximo plan del Tajo a partir de 2028.

El Consejo de Estado deberá emitir un dictamen, y lo hará por la vía de urgencia para acelerar la aprobación de los planes de cuenca del Tajo y del Segura, así como del decreto, en el Consejo de Ministros. Murcia y Valencia serán escuchados por el órgano de consultas del Gobierno, y ambos presentarán alegaciones donde abordarán las «contradicciones existentes» entre lo que se aprobó en el Consejo Nacional del Agua y el documento que ha recibido el Consejo de Estado. El Ministerio ha eliminado, incluso, del texto la referencia al Mar Menor y el acuífero de Cartagena.

Ahora ese programa de vigilancia se centraría en el seguimiento de los caudales circulantes por el río Tajo entre la presa de Bolarque y el embalse de Valdecañas; la evolución del estado ecológico y químico de las masas agua superficial del tramo entre ambos embalses; las derivaciones por el acueducto Tajo-Segura hacia las cuencas receptoras; el seguimiento del uso del agua y de los resultados de los programas de inspección y control en las cuencas receptoras y la evolución del plan de inversiones en modernización de regadíos en la cabecera del Tajo, en el saneamiento y depuración de Madrid, en la ampliación de la desalinización y construcción de plantas fotovoltaicas en las desaladoras del Levante.

Pese a ello, el Ministerio rompe definitivamente el acuerdo alcanzado con los socialistas murcianos y valencianos, que condicionaba el fin de la subida progresiva de los caudales al estado del agua en el Tajo o el Segura.

Los regantes: «Este Gobierno ya no nos ofrece garantías»

Los regantes afinan estos días su gran protesta en Madrid el próximo 11 de enero contra los planes de recortar al máximo los envíos por el Trasvase hasta 2027. «Nos han engañado a todos y sobre todo la ministra Ribera ha dejado en ridículo a sus representantes políticos regionales en Murcia y Alicante», subraya Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. El sindicato se reunió ayer para determinar las alegaciones que enviarán al Consejo de Estado antes de que este órgano consultivo realice un dictamen sobre la nueva versión del real decreto que ya no da esperanzas al campo murciano. «Han modificado el borrador del real decreto que llevaron al Consejo Nacional del Agua. Este Gobierno ya no nos ofrece garantías», protesta Manuel Martínez, presidente de los regantes del Campo de Cartagena y miembro de la Ejecutiva del Scrats. Supeditar los envíos por el Trasvase al estado de las masas de agua en el Tajo y el Segura, como pretendía el programa de control que pactó el Ministerio con los socialistas valencianos y murcianos, «no convencía ni con la primera versión del borrador». El líder socialista en la Región de Murcia, José Vélez, rechazó valorar ayer los pasos dados por el Ministerio.

La sede central de Riegos de Levante (20.000 comuneros) en Elche acogió este martes una reunión preparatoria de la concentración del próximo miércoles día 11 en Madrid en la que regantes y empresarios volverán a expresar su rechazo a las medidas que ha ido aprobando el Gobierno en los dos últimos años a favor del agua desalada y en contra de la continuidad del Trasvase Tajo-Segura. La desolación es total en el campo porque los agricultores no ven ningún tipo de futuro para el sector primario sin el agua del Tajo.

Martínez cree imposible que en el próximo plan del Tajo, como deja entrever Transición Ecológica en el nuevo borrador, se puedan revisar los caudales ecológicos en el Alto Tajo: «Moficiarlos es muy difícil, esa cifra ya no se va a volver a rebajar. «¿Qué tiene que ver la ampliación de la depuradora de Mazarrón, un colector en el paseo de Los Urrutias o la optimización del consumo energético de la Mancomunidad de Canales del Tabillia con el agua del Trasvase para riego?», se pregunta el representante de los regantes.

Estos puntos venían recogidos en el programa de medidas que estableció como obligatorias el Ministerio, pero que ahora no tendrán un objetivo positivo para los regantes, ya que se ha eliminado la cláusula que impedía la subida de los caudales ecológicos. «Hemos empezado el año peor aún que como terminamos 2022. Con el trasvase recortado, con más recorte proyectado a partir de 2026 por el aumento del caudal ecológico porque, como dijimos, lo del mecanismo corrector era un engaño», sentencia Lucas Jiménez. El Scrats ha insistido en que primero, antes de establecer cifras a los cuadales mínimos en tramos alejados de la cabecera del Tajo, de donde toma agua el Trasvase, se deben desarrollar todas las infraestructuras de mejora en la depuración de las aguas residuales en Madrid o la modernización de regadíos en la cuenca cedente.