El desconcierto reinó ayer durante la reunión del Consejo Nacional del Agua, que aprobó los planes hidrológicos del Tajo y del Segura. El Ministerio para la Transición Ecológica dejó claro que los caudales ecológicos previstos para el Tajo se cumplirán pese a los resultados que arroje el programa de seguimiento del Trasvase Tajo-Segura. Esto implicaría que, en 2027, el acueducto sufriría un recorte de 105 hectómetros cúbicos al año, casi la mitad de lo que transporta ahora. 

Este plan de control que iba a implantar el departamento de Teresa Ribera impediría dentro de tres años la subida de estos caudales mínimos hasta los máximos planteados en el borrador de la planificación del Tajo si se cumplían los objetivos ambientales en ambas cuencas, incluido la recuperación del estado del Mar Menor y del acuífero del Campo de Cartagena.

La reunión comenzó con las declaraciones en el ambiente del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advirtiendo que este lunes se habían producido negociaciones con el Ministerio para salvar «las últimas zancadillas» al plan del Tajo. La amenaza del Gobierno manchego de votar en contra de la propia planificación del Tajo lleva a pensar a muchos representantes del Consejo Nacional del Agua, incluido el Gobierno de Murcia, que la marcha atrás de Transición Ecológica, en contra de lo pactado con el Gobierno valenciano y los socialistas murcianos, estaba pactada de antemano

El desconcierto imperó entre los asistentes cuando el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, aclaró, tras tres consultas del público, que no se puede condicionar el plan del Tajo, que refleja esa subida progresiva de los caudales ecológicos en Aranjuez (7 m3/segundos a partir de 2023, 8 m3/s en 2026 y 8,65 m3/s en 2027) «en aplicación de la sentencia» del Tribunal Supremo (que obliga a implantarlos pero no indica en qué cantidad), al programa de control del Trasvase, que viene reflejado en un real decreto que deberá aprobar el Consejo de Ministros en unas semanas. 

La condición sigue en el texto

En este documento existe una disposición adicional que asegura que, a partir del 1 de enero de 2026, el plan escalonado hasta alcanzar la cifra de 8,6 m3/s en 2027 se paralizaría si los objetivos ambientales se han cumplido entre el embalse de Bolarque (Cuenca) y Valdecañas (Extremadura). Ahora, Morán desdice lo acordado con sus compañeros de partido en el Levante al garantizar a Castilla-La Mancha la subida escalonada durante los próximos cinco años de los caudales sin tener en cuenta lo que salga del programa de vigilancia. La Comunidad Valenciana se ha abstenido en la votación y el Gobierno de la Región de Murcia ha rechazado esta planificación.

El Gobierno regional toma pulso en la protesta social por el acueducto

«No hay motivación técnica» para subir el caudal ecológico en el Tajo, insistió ayer el consejero de Agua y Agricultura de Murcia, Antonio Luengo, quien votó que no a los dos planes de cuenca que se debatían ayer en el Consejo Nacional del Agua y que interesaban al Levante. El dirigente del Gobierno regional subrayaba que «lamentablemente» no se han equivocado en la Comunidad con las intenciones finales del gobierno de Pedro Sánchez: «No nos hemos dejado engatusar con sus promesas». A nadie se le escapa que con esta última jugada del Ministerio, el Ejecutivo regional puede retomar el pulso de la protesta social por el Trasvase, que podía perder tras el pacto entre Transición Ecológica y los socialistas murcianos y valencianos. «Hugo Morán ha dicho de manera pública que los caudales ecológicos se elevarán sin tener en cuenta los resultados del plan de seguimiento», explicaba Luengo, «han tratado de sumar el mayor número de votos -en el Consejo Nacional del Agua- haciendo creer primero que el recorte al Trasvase no iba a ser tan dañino como parecía».

El real decreto debe pasar por las manos del Consejo de Estado para posteriormente llegar al Consejo de Ministros. El texto se aprobó ayer con la condición incluida sobre los caudales y el chequeo ecológico de las masas de agua de ambas cuencas, pero Morán adelantó que el texto llevará algunos cambios para ser «perfeccionado». Este punto es el que temen los regantes, que se ven sorprendidos por el hecho de que se pueda modificar un texto tras aprobarlo el órgano consultivo estatal en materia de agua. El presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez, reclamó ayer al presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, y al delegado del Gobierno, José Vélez, que «salgan ya a dar explicaciones».

De confirmarse esta solución «improvisada» del Ministerio, el líder de los regantes retoma las palabras que pronunció en 2020 cuando se conocieron los caudales ecológicos: «Todo esto no responde a otra cosa que a una decisión política». «Ha sido un arreón de Castilla-La Mancha» que terminará por «perjudicar a los regantes». El representante de los regantes se mantiene a la espera de conocer cómo y de qué forma el Ministerio va a resolver la fórmula de seguir adelante con dos documentos incompatibles entre sí.

Urrea vota ‘sí’ al Tajo

Por otro lado, el Consejo Nacional del Agua finalmente aprobó, por amplia mayoría, el plan de cuenca del Segura, donde viene reflejado que, de subir los caudales al máximo planteado por el Ministerio en el tramo de Aranjuez en 2027, los envíos de agua por el acueducto se reducirán 105 hectómetros cúbicos al año (31,5 hm3 si la subida se mantenía en 7m3/s), un impacto calificado por la Confederación Hidrográfica del Segura como «desproporcionado». Mario Urrea, presidente del organismo de cuenca, ha dado su voto a favor al plan del Tajo.