El 7 de junio Julián Pérez-Templado renunciaba a su cargo de presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) por motivos personales y, casi cinco meses después, el Consejo de Gobierno del 3 noviembre aceptaba el cese y ordenaba la "inmediata remisión" de este acuerdo a la Asamblea Regional para su conocimiento, "a efectos de dar cumplimiento a la tramitación prevista".
El lunes siguiente, la secretaria general de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Raquel Cancela, ordenaba la publicación de la orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), que hoy, 17 de noviembre, anuncia el cese con efectos de 24 de junio de 2022.
Ahora es el turno de que la Asamblea Regional celebre un pleno en el que los diferentes grupos parlamentarios tendrán que elegir a un nuevo presidente del CTRM. Hace una semana que el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Mixto intentaron ordenar en la Junta de Portavoces una sesión en el hemiciclo con este fin; sin embargo, la mayoría votó en contra.
La designación corresponde a la Asamblea
La Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región crea en su artículo 38 el Consejo de la Transparencia, que en su punto 6 establece que la persona titular de la presidencia del CTRM será nombrada por el Consejo de Gobierno por un periodo de 5 años no renovable, entre personas de reconocido prestigio. Su designación corresponderá a la Asamblea Regional de entre los candidatos propuestos por los diferentes grupos parlamentarios. El candidato designado deberá obtener una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea en una primera votación o mayoría absoluta en una segunda votación.
Desde el PSOE, además, reconocen no tener fe en que el PP permita que se celebre un pleno que permita desbloquear el Consejo. Y es que, efectivamente, el Consejo parece haber quedado en un limbo tras el cese de Pérez-Templado.
Para empezar, ni el propio órgano consultivo sabe quién está al mando hasta que la Asamblea no designe a un sustituto, indicando a esta Redacción que se dirijan al Consejo de Gobierno que ha aceptado el cese del que fuera presidente del CTRM. Desde la Consejería de Transparencia, de Isabel Franco, aseguran que los presupuestos les «ocupa todo el tiempo». Y fuentes parlamentarias, por su parte, indican que esta cuestión la debería «aclarar la Consejería de Transparencia o en el propio CTRM». Nadie parece tener claro, o querer tener claro, en qué punto está el Consejo de la Transparencia.
Conflictos continuos con el Gobierno regional
Tras la marcha de Julián Pérez-Templado del Consejo, ocupó su puesto como suplente Santiago Álvarez, que siempre denunció que este organismo "está sufriendo un boicot por parte del Gobierno regional". A finales de octubre, este también dimitió.
Los choques entre el Consejo y el Gobierno regional han sido constantes en los últimos meses. El órgano consultivo perdió antes de verano una batalla con la Comunidad por la que se quedó sin registro electrónico, ya que el Consejo Jurídico regional estimó en una resolución que este órgano carecía de facultades para poder crear una sede y una dirección electrónica con la que comunicarse directamente con los ciudadanos. También a finales del pasado mayo la Comunidad torpedeaba la plaza de asesor jurídico del propio órgano impugnando la decisión y pidiendo así al Juzgado que se suspendiese la convocatoria de esta plaza.
Fue a finales del año pasado cuando el CTRM exigía a la Consejería de Salud que publicara los datos de los altos cargos vacunados contra la covid-19, saltándose el protocolo impuesto por el Ministerio de Sanidad. Afirmaba el Consejo que la Ley de Protección de Datos "no puede servir para impedir la rendición de cuentas u ocultar la gestión realizada por los responsables públicos". Ayer, durante la sesión de control, Ana Martínez Vidal (Cs) le recriminaba al presidente de la Comunidad su negativa a publicar la lista de los vacunados VIP y Fernando López Miras le contestaba que eso iba en contra del ordenamiento jurídico.
