Como un jarro de agua fría han recibido este jueves la noticia los responsables de residencias de mayores de la Región de Murcia, de que la Consejería de Política Social no puede repercutir las subidas del convenio estatal de la dependencia a los precios de los conciertos. La culpa de que esto no se pueda ejecutar es la Ley de Estabilidad Financiera, según ha expuesto esta tarde la consejera Isabel Franco a los representantes de Adermur (Asociación de Dependencia de la Región de Murcia) y Lares Murcia, con quienes mantuvo un encuentro.
Desde Adermur le remitieron hace unos días una carta a la responsable de Política Social enumerando los compromisos que adquirió con el sector hace meses y que aún no se han cumplido, solicitándole una reunión urgente, que se celebró en la tarde de ayer.
Los afectados le recordaron que están pendientes de este aumento de los precios de los conciertos, ante lo que Franco dijo que tras consultar con los servicios jurídicos de la Comunidad se ha comprobado que «la iniciativa legislativa para la actualización de los precios de los conciertos resulta inviable porque contraviene el artículo 7 de la Ley de Estabilidad Financiera».
Adermur también reclama a la Consejería en el escrito al que ha tenido acceso La Opinión que se lleve a cabo el incremento del precio de los conciertos al que se comprometió en abril. Franco se comprometió con la patronal de las residencias de mayores a incrementar el precio de la concertación de plazas de personas mayores un 13,13% de forma progresiva durante tres años: un 5,38% en 2022, un 3,5% en 2023 y un 4,25% en 2024.
En este caso, una de las reclamaciones más importantes del sector, se les informó de que la propuesta de ley que está tramitando la Asamblea será ordenada en breve para su debate en Pleno antes de que finalice el año. «Una subida que se verá consolidada en los presupuestos de 2023», afirma.
Además, los asistentes fueron informados del estado de la tramitación de la ampliación en 226 el número de plazas en residencias, que se encuentran en proceso de creación y cuya resolución provisional se está redactando actualmente.
La Consejería propone aumentar los fondos covid
Las residencias están pendientes también de recibir la compensación por los gastos del covid y exigen que se apruebe un nuevo decreto de subvenciones por un importe de 2,8 millones pendientes de pago de 2020 y 2021. En este caso, la consejera Isabel Franco sostiene que se está a la espera del convenio que regula el plan de choque para la dependencia. «Dicho convenio se ha visto retrasado por la oposición de la Región al nuevo modelo de cuidados propuesto por el Ministerio, respondiendo así a las demandas del sector». Además, les ha anunciado que la propuestas remitida a Madrid contempla un incremento de los gastos covid sobre la cantidad inicial pactada en abril, que sube de 2,8 a 3,7 millones de euros.
Situación límite
Los responsables de residencias de mayores recuerdan a la Consejería de Política Social que están pendientes de varias mejoras a las que la Administración se había comprometido y que no terminan de materializarse. Entre ellas señalan: las subvenciones por los gastos covid, que aún no han cobrado; el incremento del precio de la concertación; y la iniciativa legislativa para repercutir las subidas del convenio nacional. En este contexto insisten en que como consecuencia de esta situación «se está poniendo en peligro la situación financiera de las residencias de mayores» y recuerdan que «las residencias hemos tenido que sufragar todos los gastos covid desde marzo de 2020 con fondos propios y buena parte de los gastos no han sido abonados».
