El pasado 2 de noviembre finalizó el plazo para la impugnación del polémico Reglamento de Costas y desde la plataforma Somos Mediterránea, que aglutina a los propietarios afectados por la Ley de Costas en la Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia, lamentan que no haya atendido ninguna de las cientos de alegaciones y observaciones que se han emitido durante el trámite de su redacción, por parte de particulares, asociaciones, grupos políticos, ayuntamientos e incluso gobiernos autonómicos.
Desde la plataforma recuerdan que un reglamento es una norma de rango inferior al de la ley y que no puede modificarla, sino detallar su contenido. Por ello, la plataforma se muestra sorprendida de que salga adelante este reglamento que pretende «subvertir el contenido de la Ley de Costas con un nuevo régimen reglamentario muy agresivo y retroactivo». En este sentido, aseguran que el reglamento cambia los criterios para la definición del dominio público marítimo-terrestre (facilita que se amplíe su extensión), posibilita la anulación discrecional del régimen concesional, siembra dudas sobre los deslindes y niega las diferentes tipologías de duna, entre otras cuestiones.
Las críticas hacia este reglamento también llegan desde el Gobierno regional. Según fuentes autonómicas, el norma no recoge las actuaciones en terrenos amenazados por la invasión del mar, algo que, en opinión de la Administración regional, debería ser objeto de un artículo específico. «Esto es de competencia exclusiva del Estado, sin embargo, no hacen mención alguna al ejercicio de la competencia del Ministerio para la protección de la costa, con las actuaciones de prevención necesarias, incluidas las obras de ingeniería marítima para hacer frente al cambio climático», señalan desde la Comunidad, que también echa de menos la falta de colaboración con las comunidades autónomas para la modificación del Reglamento de Costas. Desde la Región entienden que cada autonomía tiene «una singularidad en esta materia», y debería haberse tenido en cuenta.
La Comunidad también critica la deliberada falta de concreción del texto. «Este reglamento profundiza en la ambigüedad y discrecionalidad del Gobierno central en la normativa de costas, lo que conlleva falta de seguridad jurídica e imposibilidad de rebatir (por parte de particulares y otras administraciones) sus decisiones», advierten estas fuentes del Gobierno autonómico. Un ejemplo de esta incapacidad para rebatir la decisión, por ejemplo, de un deslinde, se dio hace poco entre los propietarios de 30 viviendas en la primera línea de la playa de Nares en Mazarrón.
Además, la Comunidad sostiene que el Reglamento amplía las restricciones de los derechos de los ocupantes del dominio público marítimo-terrestre, dependiente de la Administración General del Estado, ya que eliminan el otorgamiento de concesiones o sus prórrogas cuando «haya riesgo de ser alcanzado por el mar». Desde el Gobierno regional se preguntan quién y qué define el riesgo y se responden: «el Gobierno central, de manera subjetiva». Este punto conlleva, según fuentes autonómicas, mucha incertidumbre para los ciudadanos que tengan una vivienda o negocio en el dominio público marítimo terrestre.
Recuperar no es confiscar
Por otra parte, Somos Mediterránea explica que la falta de aportes naturales a las playas desde los ríos, bloqueados a causa de embalses y puertos ha provocado la erosión del 60 por ciento de las playas del litoral. «El Ministerio para la Transición Ecológica pretende compensar esa pérdida de dominio público ampliándolo tierra adentro y con nuevos deslindes exorbitantes», denuncia este movimiento cívico que afirma que no puede entenderse como «recuperación» un proceso que consideran «confiscatorio».
Además, recuerdan que ante una norma reglamentaria «que se excede en su alcance, con carácter retroactivo, sin sustento jurídico ni técnico suficiente, sin sensibilidad ante la realidad social de nuestra costa», se han presentado numerosas acciones legales ante los Tribunales, siendo la más sonada la apelación al Supremo de la Xunta de Galicia.
No parece que el Gobierno regional vaya a seguir estos pasos. Su estrategia es distinta. Aquí, la Asamblea Regional aprobó este año una iniciativa para volver a presentar una reforma de la Ley de Costas que garantice al menos la pervivencia de aproximadamente 400 viviendas de la Región situadas en dominio público marítimo terrestre en Los Nietos, Cabo de Palos, Mazarrón y Puntas de Calnegre. Esta aprobación supuso iniciar la tramitación de una reforma de la ley en la Asamblea Regional para que, posteriormente, se remita al Congreso de los Diputados.
