La reforma de la VPO solo ha aportado 133 viviendas en casi un año y medio

La nueva regulación de las viviendas de protección oficial (VPO) aprobada por la Comunidad Autónoma apenas ha aportado en un año y medio la construcción de 125 casas que están en obras, a las que se suman otras ocho que ya están «tramitadas», lo que supone 133 en total, según informó este martes el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga. Considera que la vivienda protegida vuelve a «ponerse en marcha», después del parón que sufrió «desde 2011 a 2017». Atribuye la escasa oferta de los últimos años a «los cuellos de botella» que plantea el acceso al suelo urbanizable y a la rigidez de los requisitos exigidos a los solicitantes.

Da por hecho que la polémica reforma legal introducida por el Ejecutivo regional, que permite la compra de VPO a las familias numerosas con ingresos muy elevados, hará posible el acceso a la vivienda para los jóvenes. La renta máxima para una familia con dos hijos que quiera una casa de protección oficial privada se sitúa en los 52.000 euros.

El consejero defiende la reforma y asegura que resultaba necesaria porque los requisitos anteriores eran demasiado restrictivos. «El destinatario tenía que ser muy vulnerable. No había VPO porque el modelo era muy rígido», afirmó.

El titular de Fomento se reunió este martes con el presidente del Consejo Económico y Social (CES), José Antonio Cobacho, para analizar los resultados del estudio 'El acceso a la vivienda en la Región de Murcia. Retos y oportunidades tras la covid-19', encargado por este organismo, que plantea las dificultades de los jóvenes murcianos para tener casa propia y emanciparse. Este informe apunta que las viviendas vacías existentes en la Región no se ajustan a las características que demandan los jóvenes y son demasiado caras.

Tras la reforma de la VPO, el consejero asegura que «el cuello de botella» está en la disponibilidad del suelo, a pesar de que «los 45 municipios de la Región tienen suelo disponible», que han obtenido con las cesiones obligatorias impuestas por la normativa urbanística a los nuevos desarrollos.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Apirm), José Ramón Blázquez, señala que la cifra de 133 casas de VPO en construcción o en trámite es «un despegue», después de la caía de los últimos años.

Tras haberse alcanzado las 1.328 calificaciones definitivas de VPO en 2008, la cifra ha ido bajando hasta llegar a ocho en los años 2020 y 2021. No obstante, pasado año hubo 74 calificaciones provisionales que están en marcha.

Blázquez señaló que la promoción oficial se ve limitada por el encarecimiento de los materiales de construcción, mientras que los precios de los módulos han quedado desfasados, por lo que demanda una revisión que permita equilibrar los costes. El presidente de Apirm añadió que la recuperación exigiría el restablecimiento de las ayudas directas al comprador, cuya desaparición provocó, a su juicio, «que se perdiera el interés por la VPO». También recordó que el suelo resulta demasiado costoso.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Municipios de la Región, Manuel Pato, respondió que, ante la falta de recursos que sufren los ayuntamientos «mientras no puedan participar en los ingresos de la Comunidad», se ven obligados a veces a recurrir a la venta de suelo para financiarse. Por eso, cree que no hay tanta disponibilidad.