El TSJ exige más independencia para el Poder Judicial ante su "fortísimo deterioro institucional"

Del Riquelme ha alertado de que actualmente se vive un "momento de fortísimo deterioro institucional de la justicia española" cuando el órgano de los jueces "lleva más de cuatro años de interinidad y cuando el presidente del consejo ha alertado de la posibilidad de su renuncia ante el flagrante y sostenido incumplimiento de las previsiones normativas". Así lo ha puesto de manifiesto Del Riquelme esta mañana durante la apertura del año judicial 2022-2023 en la Comunidad.

"Europa nos alerta de graves consecuencias por esas distorsiones inaceptables en la separación de poderes y en el respeto a la independencia. Cuando el fin se intenta hacer pasar por problemas institucionales y legales lo que no son sino meras discrepancias políticas y partidistas". 

Asimismo ha advertido "del reiterado uso táctico de sucesivas reformas legales para limitar o ampliar competencias esenciales del ógano de Gobierno judicial al gusto y al ritmo de intereses partidistas meramente políticos". Una situación, dice, que "está impidiendo tres de las cinco plazas de nombramiento disceccional por el consejo en esta Región".

Por su parte, la Fiscalía Superior de la Región de Murcia es la primera del país en carga de trabajo. Actualmente, en la Región de Murcia se cuenta con un fiscal por cada 23.070 habitantes.

El fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, ha estimado que en la Comunidad faltarían unos 15 fiscales para equiparar la media a la nacional, aunque, ha dicho, ya se han otorgado cuatro plazas en el último concurso.

Del Riquelme y Díaz Manzanera han sido los anfitriones del tradicional acto solemne, el de la apertura del Año Judicial, que ha tenido lugar este jueves por la mañana en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Murcia. Un acto en el que dos años después volvía con total normalidad tras la pandemia: sin mascarillas y sin limitación de aforo.

Memoria anual sobre la actividad de la Fiscalía

Durante su intervención, Díaz Manzanera, ha explicado los datos más significativos de la Memoria anual sobre la actividad de la Fiscalía de la Región durante el pasado año.

En este sentido, ha explicado que la suma total de las incoaciones fue de 80.881, un 16% más que en el año anterior. Asimismo se celebró un 56% más de juicios, un total de 9.650, que durante 2020.

También en las sentencias aumenta el total de las dictadas: 9.810, un 44% más. De ellas, 9.255 fueron conformes con el fiscal, es decir, un 94% de ellas.

Respecto a la evolución de la criminalidad, Díaz Manzanera ha apuntado que se ha producido un "leve aumento" de delitos contra la vida y la integridad física, violencia doméstica y de género, contra la libertad, acoso laboral y acoso inmobiliario, libertad sexual y delitos contra el patrimonio.

En violencia contra la mujer constan 8.343 procedimientos incoados (un 28% más). En medidas cautelares constan 65 ingresos en prisión provisional y 121 órdenes de alejamiento.

También ha indicado que en siniestralidad laboral suben los homicidios y, sobre todo, las lesiones (de 461 a 863). con 14 sentencias de las que 10 "son condenatorias". Por sectores, destaca construcción e industria, así como la coordinación con los inspectores de trabajo para perseguir la explotación laboral en el campo y en las tareas agrícolas.

Asimismo ha resaltado que han aumentado las incoacciones por los delitos contra la Administración Pública, con un incremento del 44% en desobediencias, malversación y, sobre todo, en prevaricación. "Entre 2021 y 2022 se han registrado en la Fiscalía de Murcia 58 diligencias de investigación de esta materia, de las que han sido archivadas 33", ha indicado Díaz Manzanera, que ha reiterado que "estas denuncias en su mayor parte no deberían de haberse presentado, atendiendo a los nulos indicios de criminalidad. Debe quedar claro que no todo es delito, ya que la vía penal es muy restrictiva". Para el fiscal superior, "ha de ser rechazable si alguna de esas denuncias estuviese guiada en buscar el efecto mediático".

Juicio oral contra los vertidos del Mar Menor

Díaz Manzanera ha puesto a poner sobre la mesa el problema del Mar Menor y su judicialización: "Este es el más grave problema medioambiental de esta Región, posiblemente de toda su historia" y ha reiterado que "su posible solución no se va a encontrar en la vía judicial". En este sentido, ha anunciado que ya se ha dictado el auto de apertura de juicio oral por los vertidos al Mar Menor en el caso Topillo.

Ha indicado que se han presentado todas las acusaciones, evacuándose los escritos de defensa, por lo que debería estar ya en el poder de la Audiencia Provincial "antes de finalizar el presente año, la cual deberá fijar fecha para la apertura del juicio oral".

Asimismo se ha congratulado de la aprobación histórica de la ILP para el Mar Menor, que lo convierte en el primer ecosistema europeo con personalidad jurídica y derechos propios.

Respecto a los delitos de extranjería ha mostrado su preocupación por los delitos de trata de seres humanos: "Constan 23 causas registradas, por las 7 del año anterior, con 25 víctimas identificadas: 11 con destino a su explotación sexual, y un escrito de acusación, con dos sentencias de condena".

 Díaz Manzanera ha señalado que "estamos ante falsas promesas de trabajo obligando a ejercer la prostitución" y ha apuntado que esta "triste realidad oculta" es considerada la "esclavitud del siglo XXI". En este sentido, ha anunciado que para mejorar la seguridad de estas víctimas se ha fortalecido la figura del testigo protegido y la prueba preconstituida.