Técnicos de la Comunidad acudieron a principios de esta semana a la isla del Ciervo, espacio protegido del Mar Menor, para recoger muestras del fondo marino y poder dilucidar si el entorno ha sufrido algún daño después de que centenares de personas celebraran una fiesta ilegal subidos a decenas de embarcaciones el pasado sábado 20 de agosto. 9 días ha tardado la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, liderada por Antonio Luengo, en mandar a sus agentes.

Aunque la decisión no es accidental. Tan solo un día antes, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunciaba que había pedido a los servicios jurídicos de su departamento que investiguen este caso para saber cómo ha de posicionarse el Estado: "Si esto merece un requerimiento, una demanda por dejación de competencias ante los tribunales de lo Contencioso, o si constituye un ilícito penal que hay que tratar de otra manera", detalló a esta Redacción.

Desde que conoció la noticia, Ribera no dudó en apuntar a la administración regional como culpable de lo sucedido. "¿Hay alguien en el Gobierno regional a quien de verdad le importe el Mar Menor y esté dispuesto a trabajar en serio por su recuperación?", preguntó públicamente en su cuenta de la red social Twitter.

La Consejería no ha hecho públicos aún los resultados de la toma de muestras por parte de sus técnicos, que pasará a engrosar el informe que está preparando la Comunidad a este respecto y que se "cerrará cuando se cuente con toda la información".

"Es un paripé"

Pedro García, presidente de la Asociación de Naturalistas del Sureste, considera que la inspección ambiental desarrollada esta semana en la isla del Ciervo por parte de la Comunidad "es un paripé". En primer lugar, explica, porque "ya ha pasado demasiado tiempo". Pero también porque han tomado las muestras "cerca de la orilla, donde no hubo fondeos", ya que la Comunidad "no tiene servicio de inspectores que bucee".

Desde Anse subrayan que "el debate serio está en la ilegalidad que se cometió, no en la contaminación de esa fiesta en concreto", y urgen al Gobierno a regular los fondeos porque "estas situaciones se dan con regularidad".