Kiosco

La Opinión de Murcia

Educación

Las universidades públicas tendrán un plan de financiación transitorio

La Consejería presenta a los rectores una fórmula para evitar el endeudamiento de la UMU y la UPCT que convence pero sin aclarar todavía el reparto de fondos y sin estrategia para las infraestructuras

Alumnos de la UMU, en las aulas de estudio de la biblioteca Nebrija. L.O.

En plena crisis económica tras la guerra de Ucrania y una inflación disparada, con gastos desorbitados en facturas como la de la luz, cerrar cuanto antes la futura financiación de las universidades públicas de la Región de Murcia es el principal objetivo de estas instituciones para lograr la supervivencia económica hasta que lleguen tiempos mejores. La Consejería de Universidades presentó el pasado miércoles a los rectores de la Universidad de Murcia, José Luján, y de la Universidad Politécnica de Cartagena, Beatriz Miguel, la fórmula en la que se basará el futuro sistema de financiación de ambas instituciones en un plan que abarca desde 2023 hasta 2025.

La propuesta, señala el departamento de Valle Miguélez, se sostendría en «criterios objetivos y medibles». La fórmula busca una estabilidad presupuestaria para esos tres años que permita a las universidades planificarse mejor, algo que convence a las dos instituciones aunque insisten en «traducir a números» la financiación que recibirían, destaca Miguel. El modelo, para Luján, «es moderno y realista» y contiene los elementos por los que peleaba la UMU, como tener en consideración la oferta de estudios (más amplia al ser una universidad generalista), el número de plazas o la inversión necesaria para investigación y docencia.

De esos fondos, el 97% estaría destinado a la parte estructural y de funcionamiento de las universidades, otro 2% a los contratos-programa por objetivos y el resto a contingencias como cubrir las futuras subidas salariales de los docentes, investigadores o personal de servicio. Que esté suscrito a tres años es lo «lógico» para ambos rectores dada la incertidumbre nacional e internacional, pero coincide también el cambio de normativa estatal al estar pendiente la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), donde queda reflejado que las administraciones deben destinar el 1% del PIB a las universidades públicas. Con esto, queda resolver qué implicación económica tendrán los gobiernos estatal y autonómicos. «Sin el diálogo entre las autonomías, esa financiación queda en el aire, y dependemos de cómo se reflejen en la Ley de Presupuestos», advierte la rectora de la Politécnica.

Sin remanentes

Ambos dirigentes vienen protestando en los últimos años por la escasa financiación que reciben de la Comunidad: la UMU no cubre la totalidad del pago de las nóminas con los fondos que recibe del Gobierno regional y la UPCT, que está cerrando algunos meses en números rojos, protesta al estar infrafinanciada. Las dos instituciones han consumido los remanentes de años anteriores, tal y como les permitía el anterior plan de financiación.

La Consejería busca mantener unos criterios en el modelo como los créditos impartidos en las instituciones, su gasto total en personal, el número total de personal, los estudiantes ponderados por rama de conocimiento o la superficie de sus infraestructuras, teniendo en cuenta aquellas con necesidades especiales, como los edificios históricos y protegidos de la UPCT.

Miguel ve esto con buenos ojos aunque recuerda que todo dependerá del dinero que se destine finalmente, ya que la nuevo fórmula solo recoge un 2% para mantenimiento de infraestructuras, por lo que demanda un plan independiente para cubrir los gastos derivados de estas instalaciones.

Los rectores volverán a reunirse con la comunidad en julio tras analizar este modelo de reparto, y será entonces cuando se empiece a hablar de cifras. El plan, si no hay contratiempos, estará aprobado a principios de otoño.

Compartir el artículo

stats