Decenas de trabajadores de centros de menores y de protección han protestado este miércoles ante la sede de la Consejería de Política Social para exigir una mejora a las "deplorables" condiciones salariales de este colectivo, que agrupa a un millar de empleados en la Región de Murcia.
Tras la pancarta en la que se podía leer el lema "En defensa de los trabajadores de protección y reforma de menores", los auxiliares de control educativo, los auxiliares técnicos educativos y los educadores y trabajadores sociales han reclamado una mejora en sus salarios, que van desde los 1.017 euros mensuales de los primeros a los 1.367 euros de los últimos en centros con régimen cerrado.
Durante la concentración, en la que han estado presentes representantes de UGT y CC.OO., el presidente de la Asociación de Trabajadores del Sector de Protección y Reforma de la Región de Murcia, David Meca, ha lamentado que la consejería dirigida por Isabel Franco lleva tres años "oyéndonos, pero no escuchándonos".
Meca ha apuntado que la patronal del sector se niega a seguir negociando el convenio regional, que está en "punto muerto", mientras el ejecutivo autonómico no mejore la financiación de los servicios, que están externalizados.
En el manifiesto leído ante la consejería, la asociación ha criticado que la "recompensa" a "dejarse la piel" para educar y cuidar a los menores tutelados o a los privados de libertad es ver "mermadas" sus "posibilidades vitales" con salarios y condiciones "impropias", que suponen la "mitad del precio" de un funcionario.
"Estamos hartos de que la patronal se excuse en la administración y que ésta se esconda detrás de la patronal", ha continuado el texto, que aboga por acabar con un sistema que "explota" a los trabajadores en la Región de Murcia, mientras que en la Comunidad Valenciana "caminan" hacia la equiparación salarial con los empleados públicos y en Cataluña, Euskadi y Baleares tienes convenios colectivos propios.
Por ello, la asociación exige el cumplimiento de la tabla salarial, la adecuada financiación por parte del Gobierno regional a través de los conciertos sociales, la profesionalización del sector mediante figuras profesionales de referencia y el establecimiento de la figura del concierto social.
Además, han reclamado la creación de una mesa sectorial en la que estén representados patronal, consejería y sindicatos, así como reiniciar la negociación de un convenio colectivo autonómico.
Finalmente, el manifiesto ha advertido de que el colectivo está decidido a continuar defendiendo las condiciones "justas" para los trabajadores, por lo que proseguirán con las protestas en la calle.
La Comunidad ha destinado más de 70 millones a la mejora del sistema de protección de menores
La Comunidad Autónoma recuerda que trabaja en la mejora del servicio de menores en desprotección y de los menores que cumplen medidas judiciales para su reinserción socioeducativa y laboral, para lo que ha destinado 71.147.647 euros en ambos conciertos. Esto incide directamente en la mejora de la calidad de las condiciones laborales de los empleados dotándoles de seguridad en sus trabajos y favoreciendo la incorporación de nuevos profesionales a las plantillas.
Desde el año 2020 hasta la actualidad se han firmado 10 conciertos sociales con 7 entidades del Tercer Sector. Se destinan estos conciertos a la atención de 760 menores y el importe total plurianual hasta el año 2025 es 49.583.287 euros. Respecto a las plazas en centros de medidas de seguridad para menores a los que se les haya impuesto medidas judiciales de internamiento se tienen firmados dos conciertos: uno de 44 plazas y otro de 16, con 21.564.360 de euros de gasto comprometido.
“Por parte de la Consejería de Política Social trabajamos de manera exhaustiva por mejorar las condiciones del sistema de protección de menores y reforma, cumpliendo con los precios actualizados a fecha de publicación de modelos de conciertos, y además, a través de los conciertos están garantizados los puestos de trabajo”, explica la directora general de Familias y Protección de Menores, Silvia Muñoz.
Además, se está trabajando en otros dos conciertos: el de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plaza en centro para menores a los que se les haya impuesto medidas judiciales, 14 plazas por un importe de 4.257.910 euros; y el modelo de acuerdo de concierto social para la prestación del servicio de intervención socioeducativa para la ejecución de medidas judiciales de medio abierto con menores, por un importe de 3.785.490 euros. En estos dos últimos se aplica el cuarto convenio colectivo, ambos abarcan un periodo desde el 2022 al 2026.
